QUITO (AFP) – Estados Unidos exigió de nuevo a Ecuador que otorgue inmunidad a sus soldados con la amenaza de quitarle la ayuda militar antidrogas de casi 70 millones de dólares anuales, una decisión que debe tomar el Congreso en medio del rechazo popular a la política norteamericana y al Plan Colombia.

Durante una visita el lunes a Ecuador, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Bantz Craddock, subrayó la necesidad de que Quito firme con Washington un acuerdo que exima a los militares estadounidenses de ser juzgados ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Con lenguaje diplomático, Craddock señaló a periodistas que «no es un asunto de inmunidad» sino de «jurisdicción», y agregó que la ley impide al Congreso norteamericano aprobar asistencia militar para países que no suscriban el convenio.

«Tenemos colaboración y trabajamos para resolverlo», indicó el oficial, quien pasó revista al Puesto Avanzado de Operaciones (FOL) de Estados Unidos en el puerto de Manta, donde ese país coordina una ofensiva aérea contra el narcotráfico en una amplia zona del océano Pacífico.

Washington suministra a Quito entre 60 y 70 millones de dólares al año en ayuda militar.

Pero la decisión sobre el acuerdo no se vislumbra fácil, pues debe ser tomada por un Congreso al que sectores populares piden disolver como complemento a la caída, el pasado 20 de abril, del presidente Lucio Gutiérrez.

Una de las consignas del descontento es el rechazo al Plan Colombia de lucha contra las drogas y los grupos ilegales del país vecino, estrategia financiada por Estados Unidos de la cual se distanció el mandatario Alfredo Palacio, solicitando a Bogotá suspender la fumigación de narcocultivos en la frontera.

«En las condiciones actuales va a ser muy difícil que Ecuador se pliegue a la política norteamericana. Las críticas a la fumigación son un indicador de que tienen que esperar», dijo este martes a la AFP Vladimir Sierra, coordinador del programa de gobernabilidad de la Universidad Católica (privada).

Según Sierra, Washington tiene prevista esa situación, por lo que «muy seguramente va dar un margen de tiempo para negociar» el pacto.

«Van a dejar pasar el tiempo porque ahora no les conviene. Es lo prudente y lo políticamente correcto, que se retiren de la discusión, aunque no se descarta que calculen un viraje a la derecha de Palacio o que esperen al próximo gobierno», indicó.

Para el analista, la exigencia estadounidense tiene que ver directamente con el Plan Colombia que, según él, «excede la guerra antidrogas y obedece al interés de Washington por controlar una zona de la Amazonía con grandes recursos naturales».

La embajadora de Estados Unidos en Quito, Kristie Kenney, anunció a mediados de noviembre pasado que Washington está limitando la ayuda militar a Ecuador debido a que se ha negado a garantizar la inmunidad de los soldados estadounidenses.

Kenney indicó que, en ese contexto, Estados Unidos no ha entregado siete millones de dólares en ayuda militar al país sudamericano.

Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno y al legislativo abstenerse de suscribir el convenio.

Según esas asociaciones, el pacto pretende que los estadounidenses acusados de cometer delitos de lesa humanidad en Ecuador no puedan ser procesados por los tribunales locales ni por la CPI, lo que significaría «renunciar al ejercicio soberano de la jurisdicción penal».

Hasta mayo pasado unos 90 países habían suscrito con Estados Unidos acuerdos de inmunidad, entre los cuales Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.