Perder el teléfono móvil es, generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos de EE.UU. quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles. Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de problema social en EE.UU. donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor 30,000 millones de dólares al año, según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo negocio para las mafias.

Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, exigen medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de sus productos. La presión de los representantes públicos se ha incrementado en los últimos meses hasta el punto de que el fiscal del distrito en San Francisco, George Gascón, y el jefe de Policía de Los Ángeles, Charles Beck, han llegado a cuestionar la buena fe del sector. “Proveedores de telefonía y fabricantes hacen miles de millones de dólares reemplazando teléfonos robados. También ganan dinero vendiendo seguros. Los beneficios no deberían guiar decisiones que tienen consecuencias de vida o muerte”, aseguraron ambos en un artículo de opinión que firmaron esta semana en Los Angeles Times.

En febrero, varios senadores presentaron en Washington un anteproyecto de ley llamado “Smartphone Theft Prevention Act” para obligar a que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en EU. estén equipados por defecto con una función que solo el dueño pueda activar para terminar con la vida útil de su dispositivo y que funcione de forma remota en todo el mundo. Ese mecanismo, bautizado como “Kill Switch”, se planteó también en Minnesota.