EU indaga  abusos industria azucarera RD

EU indaga  abusos industria azucarera RD

SANTO DOMINGO (AP) — Una misión del gobierno estadounidense se desplegó para investigar las denuncias formuladas por un sacerdote en contra la industria azucarera dominicana, a la que señala de utilizar mano de obra forzada, trabajo infantil y tráfico de humanos, entre otros abusos.

La embajada de Estados Unidos informó ayer en un comunicado que delegados de la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales presentarán los resultados de las pesquisas que realizan en el país dentro de 180 días.   Según el documento, los emisarios empezaron desde el lunes reuniones con funcionarios de la Cancillería dominicana, del ministerio de Trabajo y tienen previsto encontrarse con representantes de los mayores ingenios del país, que están bajo control de las familias Fanjul, Vicini y Campollo, así como visitar bateyes a fin de verificar las condiciones de vida en esas comunidades.

El sacerdote anglo-español Christopher Hartley denunció en febrero en la sede del estadounidense Departamento de Trabajo las irregularidades que a su criterio son cometidas contra los trabajadores y que sustentó con pruebas documentales, como fotografías y videos.   Consultado sobre el despliegue de la misión estadounidense, Hartley expresó a AP  desde Madrid que “esa investigación va a demostrar que no solo el gobierno dominicano es negligente sino también el de Estados Unidos” porque compra 200,000 toneladas de azúcar anuales a los ingenios dominicanos”, pese a las “condiciones deplorables en que se producen”.  

El Instituto Azucarero Dominicano registra que la cuota de exportaciones de azúcar hacia EEUU ha alcanzado 250,000 toneladas, aunque en promedio es de unas 200,000 toneladas anuales.   Hartley, quien vivió nueve años en una comunidad cañera del este de República Dominicana, explicó que las condiciones de los trabajadores azucareros representan violaciones a las previsiones laborales del tratado de libre comercio de EEUU con República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-RD).

“Estamos aclarando la situación y esperamos algo fructífero y beneficioso para los trabajadores y para las relaciones de ambos países”, dijo el lunes a periodistas el embajador estadounidense Raúl Yzaguirre, antes de participar en una reunión de los representantes de la comisión de la oficina de Comercio y Asuntos Laborales.  Yzaguirre no dijo qué consecuencias puede acarrear el informe que presenten los delegados del gobierno de su país.   El canciller dominicano Carlos Morales Troncoso declaró a la prensa que Hartley busca “denigrar y empequeñecer” a República Dominicana y destacó “los avances en la mejoría en las condiciones laborales” de los ingenios.  

El religioso respondió que “al defender a la industria azucarera, el canciller Morales Troncoso defiende sus intereses personales”, al recordar que el diplomático es ejecutivo del mayor grupo azucarero privado del país.   El ahora canciller fue durante décadas presidente del ingenio Central Romana hasta 1996 y en la actualidad es accionista. Se formó como ingeniero en química azucarera y desde joven trabajó como ejecutivo de esa fábrica, que antes pertenecía a South Puerto Rico Sugar Corporation y luego a la Gulf & Western America Corporation, que la vendió en 1984 a la familia Fanjul.   Hartley, quien realizó su labor pastoral en República Dominicana de 1997 al 2006, dijo en carta enviada el 22 de diciembre pasado a la OTLA que, según reportes realizados por las autoridades estadounidense y por observadores independientes, existen “violaciones flagrantes” sobre trabajo forzado, tráfico de personas y trabajo infantil en el sector azucarero.   Entre los “abusos que aún están en práctica”, Hartley citó condiciones de vida insalubres, negación de servicios médicos y pensiones, condiciones de trabajo peligrosas, fraude en el pago a los trabajadores y amenazas en contra de ellos.  

De acuerdo con Hartley, varias escuelas y clínicas han sido cerradas en los bateyes y “ha aumentado el fraude” en el método de pago a los trabajadores, quienes reciben sus honorarios en función de la cantidad de caña cortada, dijo Hartley, de la Fundación Misión de la Misericordia, con sede en Madrid.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas