WASHINGTON (AP).- El gobierno del presidente George W. Bush, que tiene la esperanza de obtener el respaldo de los miembros del Congreso para que aprueben un tratado de libre comercio, prometió el jueves dedicar más dinero y esfuerzos para mejorar los derechos laborales en América Latina.  Bush, al participar en una campaña intensa en favor del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), se reunió también con legisladores demócratas, muchos de los cuales rechazan el acuerdo.

Algunos opositores al acuerdo comercial señalan que no ofrece suficiente protección ni al medio ambiente ni a los trabajadores.

El acuerdo eliminaría la mayoría de los aranceles y otras barreras comerciales entre Estados Unidos y seis naciones latinoamericanas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y la República Dominicana.

La Cámara de Representantes podría someter a votación el acuerdo la próxima semana.

El tratado enfrenta dificultades para su aprobación en la Cámara de Representantes porque muchos legisladores aseguran que repetiría algunos de los problemas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el que también participan México y Canadá, y cuya entrada en vigencia plena tomó más de 11 años.

El representante comercial de Estados Unidos, Rob Portman, en un discurso pronunciado el jueves ante un grupo empresarial hispano-estadounidense, indicó que le gustaría ver incrementados los 20 millones de dólares que ya fueron apartados del presupuesto para respaldar a las naciones centroamericanas con sus niveles laborales y de medio ambiente.

Portman indicó que tratará de organizar una conferencia internacional antes de que termine julio, que se concentre en ayudar a que esas naciones fortalezcan los derechos laborales, apliquen esas leyes laborales y combatan la discriminación.

Medidas como esas ayudarían a apuntalar «el mejor acuerdo jamás negociado por Estados Unidos en torno a los derechos laborales’’, dijo Portman.

El acuerdo exige que las naciones participantes apliquen sus propias leyes laborales, y una violación a ellas podría acarrearles castigos de hasta 15 millones de dólares al año por cada caso.

Los críticos del acuerdo argumentan que algunas naciones centroamericanas tienen un pésimo historial en la protección a las leyes laborales y su aplicación y señalaron que el acuerdo podría llevar a abusos peores, entre ellos la destrucción de sindicatos y el uso de mano de obra infantil.

Los opositores indicaron que el acuerdo debería exigir a los firmantes que cumplan con las pautas impuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El representante Sherrod Brown, uno de los principales opositores al acuerdo, no se mostró impresionado por el punto de vista de Portman.

«Si el gobierno hubiera mostrado seriedad en cuanto a las leyes laborales, los hubiera negociado dentro del tratado de libre comercio desde un principio’’, señaló Brown, un legislador demócrata del estado de Ohio.

El acuerdo tampoco es muy popular entre los republicanos de distritos de fabricación textil y de zonas donde se cultivan remolacha y caña de azúcar.

La industria azucarera estadounidense indicó que un pequeño incremento en las importaciones de Centroamérica que está contemplado dentro del acuerdo podría lastimar a los productores estadounidenses.

Por su parte, la Comisión de Medios y Arbitrios divulgó el jueves una carta en la que el ex presidente Jimmy Carter señala que el acuerdo fortalecería la seguridad nacional de Estados Unidos e influiría en el Hemisferio Occidental, porque «mejoraría la estabilidad, la democracia y el desarrollo de nuestros vecinos pobres y frágiles’’.

El premio Nobel de la paz Oscar Arias, candidato a regresar a la presidencia de Costa Rica, pasó por el Capitolio esta semana para exhortar a los indecisos a que apoyen el acuerdo.

El CAFTA, dijo Arias a la prensa, ofrece «la opción entre dar más prosperidad a los pueblos de Centroamérica o condenarlos a vivir en la pobreza para siempre’’.

Pero el parlamentario costarricense Otón Solís dijo que el acuerdo tendría consecuencias graves para su país. Dijo que obligaría a dividir los monopolios de electricidad y telecomunicaciones, en detrimento de sus compatriotas, y que el país se vería inundado de productos alimenticios baratos en perjuicio de los pequeños agricultores.