POR DEMETRI SEVASTO PULO
En Washington
El Pentágono decidió un cambio de política importante, que todos los detenidos bajo custodia militar de Estados Unidos en todo el mundo tienen derecho de protección bajo las Convenciones de Ginebra, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la decisión.

El Financial Times ha conocido que Gordon England, vice- secretario de Defensa, envió un memorándum a funcionarios oficiales de Defensa y altos oficiales el viernes pasado, en el que les dice que el Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra -que prohíbe el tratamiento inhumano a los prisioneros y exige ciertos derechos legales básicos en los juicios-, se aplicaría a todos los detenidos bajo custodia por el Ejército de EEUU.

La decisión revierte la política diseñada por el presidente George W. Bush en 2002, cuando decidió que los miembros de al-Qaeda y el Talibán no clasificaban para las protecciones de Ginebra, porque la guerra contra el terrorismo había impuesto un “nuevo paradigma [….] que requiere una nueva manera de pensar en las leyes de la guerra”.

El giro en U de la política se produce muy cerca del fallo de la Corte Suprema del mes pasado, que dice que las comisiones militares que el señor Bush creó para procesar a los prisioneros de la Bahía de Guantánamo, contravienen tanto la ley de EEUU como las Convenciones de Ginebra.

La Casa Blanca había alegado que el señor Bush, como comandante en jefe, tenía la autoridad para convocar las comisiones militares. Los críticos que rechazaron esta interpretación dijeron que las comisiones eran injustas porque, por ejemplo, los acusados no podían ver todas las pruebas presentadas en su contra.

En un sorprendente regaño al señor Bush, la Corte Suprema falló por cinco jueces contra tres que su administración había excedido su autoridad al constituir comisiones controvertidas, y concluyó que ellos no le ofrecieron a los acusados derechos legales suficientes. La corte también sugirió que la administración trabajara con el Congreso para llegar a una solución que pudiera resolver los problemas, incluyendo la presentación de pruebas.

Arlen Specter, el presidente republicano del comité judicial del Senado, tenía en su programa iniciar ayer martes una serie de audiencias del Congreso, que examinarían el fallo de la Suprema Corte en el caso de Salim Ahmed Hamdan -el ex chofer de Osama bin Laden, que resultó el primer detenido llevado ante la comisión militar y sus implicaciones para tratar los casos de los demás 450 detenidos en Guantánamo.

Después de la decisión de la Suprema Corte, expertos legales habían estado en desacuerdo sobre si el fallo significaba que las protecciones de Ginebra deberían dársele solo a aquellos

detenidos que fueron llevados a las comisiones militares, o a todos los que siguen presos en Guantánamo y otros centros militares de detención en todo el mundo.

El problema ahora parece dudoso y discutible a la luz de la medida del Pentágono. El Congreso, como pudiera pensarse, podría reescribir la ley norteamericana para eliminar las protecciones de Ginebra, pero una acción en esa cuerda pudiera generar enormes críticas internacionales. 

“Este memo fue una respuesta prudente y una acción responsable”, dijo un funcionario de la administración Bush, con conocimiento del memorándum.

 “El trato a los humanos está en el centro de las directivas y procedimientos del Pentágono, pero el fallo de la corte expandió la comprensión anterior de la aplicabilidad del Artículo Común 3, por lo que este memo fue el siguiente paso importante. Ahora le corresponde al Congreso aportar la claridad estatutaria, si es posible”.

La medida, que se produjo mientras el presidente Bush se disponía a partir el lunes de Washington rumbo a la cumbre del G8 en Rusia, es probable que sea bien recibida por sus aliados, incluyendo el Reino Unido, que ha sido un crítico severo de la prisión de la Bahía de Guantánamo.

Alberto Mora, el ex defensor general de la Marina de EEUU, quien fue uno de los más notables críticos internos de la política del Pentágono con los detenidos, dijo al FT que la medida es un “suceso maravilloso”.

 “Hemos ganado terreno con la Ley de Tratamiento a los Detenidos, con la decisión de la Suprema Corte [Hamdan] y con otros pasos de intervención”, dijo el señor Mora. “Pero no se cuestiona que esto será muy bien recibido, tanto por el público general en el exterior y por nuestros aliados tradicionales, y fortalecerá el desarrollo exitoso de la guerra sobre el terrorismo”.

El Pentágono ha mantenido que trata a los detenidos humanamente, e investiga los abusos cuando salen a la luz. Además de las críticas internacionales e internas después del escándalo de la prisión de Abu Ghraib, sin embargo, el ejército de EEUU cayó bajo el escrutinio renovado recientemente, después de las acusaciones de que militares norteamericanos asesinaron 24 civiles iraquíes el año pasado y ocultaron el incidente.

El Pentágono también está investigando otra acusación de que soldados estadounidenses violaron a una joven iraquí, antes de asesinarla, y a tres miembros de su familia, incluyendo una niña.

El vuelco de la política refleja la creciente dificultad que tiene la administración de defender su criterio de que el señor Bush debió tener la capacidad sin controles para desarrollar la guerra contra el terrorismo.

En diciembre, la Casa Blanca perdió otra importante batalla política después que John McCain, el senador por Arizona, obligara, en realidad, a la administración a aceptar su Ley de Tratamiento a los Detenidos que prohibe la tortura. El vicepresidente Dick Cheney y David Addington, uno de sus principales asesores políticos, se habían opuesto a la legislación del señor McCain.

Mientras que el señor Bush rechazó aplicar las Convenciones de Ginebra a los cautivos del Talibán y al-Qaeda, ordenó en 2002 que los “detenidos” fueran tratados humanamente y, hasta donde resulte apropiado y consistente con las necesidades militares, en una forma consistente con los principios de Ginebra”. Pero sus críticos alegaron que la redacción de su orden dejaba amplios agujeros que pudieran ser explotados para abusar con los prisioneros.

Mientras que la orden del Pentágono se aplica a todos los detenidos por el ejército de EEUU, no es aplicable a los prisioneros fuera del sistema de detención militar, como Jaled Sheik Mojamed, el supuesto creador de los ataques del 11 de septiembre, que sigue detenido en una prisión secreta de la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, la decisión del Pentágono pudiera incrementar la presión sobre la administración para re-examinar las políticas de detención y las prácticas de la CIA.

El memo del Pentágono, que exige que los altos oficiales del ejército garanticen que sus políticas de detención e interrogación cumplan con el Artículo Común 3, fue ordenado por William Haynes, el consejero general del Pentágono, quien atrajo las críticas por su papel en el desarrollo de controvertidas técnicas de interrogatorios.

El señor Haynes, quien fue nominado para juez federal, enfrentaba el martes una crítica audiencia por su nominación en el Capitolio. Hasta ahora, ha tomado partido consistentemente con el señor Cheney en disputas internas, defendiendo que los prisioneros capturados en la guerra contra el terrorismo no deberían recibir las protecciones de Ginebra.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION