WASHINGTON. AFP.El gobierno de Barack Obama mejoró el trato a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero no lo suficiente, y éstos siguen sujetos a vejaciones, estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este jueves.

El extenso informe de la CIDH, realizado luego de visitas a seis centros de detención de migrantes y entrevistas con funcionarios, expertos, detenidos y familiares, da cuenta de condiciones precarias de inmigrantes detenidos, falta de acceso a abogados y capturas discriminatorias basadas en la raza.

«Hemos visto una cierta evolución con respecto al tratamiento de migrantes bajo la actual administración, pero nos parece que es todavía claramente insuficiente», dijo en teleconferencia el presidente de la CIDH, Felipe González.   Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin documentos, lo cual debería ser una excepción en casos de estricta necesidad, y las personas reciben un trato como si estuvieran «imputadas por delitos penales cuando en realidad no se trata» de esa situación, dijo González.

La CIDH considera «preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano».  

El gobierno de Barack Obama ha ratificado que su política es la de enfocarse en la detención y deportación de indocumentados que representen un peligro para la sociedad, lo que incluso le ha valido críticas de la oposición republicana que considera que es laxo en el cumplimiento de las normas migratorias.   Casi once millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos.   El gobierno de Obama facilitó las visitas a los centros de detenciones.

La clave

Seguimiento

La CIDH prometió dar un seguimiento «de manera intensa» al tema para forzar «un cambio en la política» de Washington.   Estados Unidos generalmente alega que se le dificulta cumplir las recomendaciones por su sistema de gobierno federal, pero la Comisión afirma que un país debe honrar sus obligaciones sin «oponer las regulaciones internas como excusa».   Según el informe, el gobierno federal trabaja con contratistas privados que manejan centros de detención.