MIAMI (AFP).- Las autoridades estadounidenses no deportarán a Venezuela a dos ex militares acusados por los atentados con bomba contra las embajadas de España y Colombia en Caracas en 2003, quienes permanecen detenidos desde finales de ese año en este país, según el abogado de uno de ellos.

Los ex militares, José Antonio Colina y Germán Varela, llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2003 pidiendo asilo político porque Caracas los busca para juzgarlos por los atentados de febrero de ese año, que dejaron importantes destrozos en esas embajadas, pero un juez migratorio se los negó.

El juez, sin embargo, prohibió su deportación alegando que podían ser perseguidos o torturados en Venezuela.

El departamento de Seguridad Interior (DHS), por su parte, alegó que ambos huyeron de Venezuela para evadir acusaciones en su contra, y apeló la prohibición de deportación, mientras los abogados apelaron la negativa de asilo.

“Tras hablar con el gobierno acordaron retirar su apelación (…) y nosotros la nuestra”, dijo a la AFP el abogado de Colina, Matthew Archambeault. “No serán removidos a ningún país, en su lugar deberán reportarse a las autoridades migratorias una o dos veces al año, lo que decidan”, agregó.

Obtendrán permisos de trabajo, podrán viajar dentro de Estados Unidos pero si salen no podrán regresar, dijo el abogado. El acuerdo también ampara a Varela.

Ambos están detenidos en un centro migratorio en Houston (Texas, suroeste) tras pasar largo tiempo en otro centro en Florida. La decisión final debe tomarla un juez migratorio.

Según Archambeault, los esfuerzos del DHS por deportar a los ex militares fueron socavados por un informe del departamento de Estado norteamericano publicado en marzo pasado, donde alegó que las fuerzas de seguridad venezolanas daban palizas a sospechosos durante interrogatorios o arrestos, y veces los sofocaban o torturaban de otras maneras.

“Ese fuerte informe contra Venezuela erosionó el caso” del gobierno contra los militares, dijo Archambeault. El informe cita el caso del general disidente Felipe Rodríguez, “El cuervo”, acusado de ser el cerebro del atentado y juzgado en Venezuela, quien según su familia fue torturado psicológicamente y privado de sus sentidos en cuarteles de la inteligencia militar.

Los militares aún tienen un pedido de extradición de parte de Venezuela, pero Archambeault dijo que es improbable que se conceda porque el juez ya prohibió la deportación alegando que podían ser torturados.