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NORTH MIAMI, Florida, EE.UU. (AP).- Unos 3.000 inmigrantes haitianos se hallan atrapados en lo que activistas califican de una falla en una ley que debía ayudar a los inmigrantes: Si falsificaron documentos para huir de su país, podrían ser deportados, aun si la única manera que tenían de escapar de la represión era alterando los papeles.
La ley de 1998 ofrece residencia permanente a indocumentados provenientes de Haití que llegaron a Estados Unidos antes de 1996 pero no incluye exenciones para inmigrantes haitianos conocidos como «refugiados por avión», que usaron documentos falsos para huir de su país luego que el presidente Jean-Bertrand Aristide, el primer líder libremente electo de Haití, fue derrocado en un golpe militar en 1991.
Rigaud Rene, quien abandonó Haití hace casi una década, es uno de los inmigrantes que podría verse afectado. Era activista político en Haití y empleó documentos falsos para huir de un clima de intimidación y de asesinatos.
«Es una situación desesperada. Podrían detenerlo hoy», dijo Clarel Cyriaque, un abogado de Miami que maneja el caso de Rene. Por su parte, Rene continúa manteniendo la esperanza. «En Dios confiamos», dijo. «Eso es lo que los estadounidenses dicen».
Rene, de 41 años, es uno de alrededor de 3.000 inmigrantes haitianos que ha quedado enredados en esta controversia.
En el caso de Rene, funcionarios de inmigración han sostenido que los documentos falsos impiden que viva legalmente en Estados Unidos.
Pero activistas locales sostienen que haitianos partidarios de Aristide que llegaron en avión a este país se vieron obligados a usar documentos falsos a fin de escapar de la persecución en Haití pues la Guardia Costera de Estados Unidos estaba bloqueando embarcaciones de refugiados y devolviéndolos a su tierra.
«Todas esas personas sabían que estaban siendo buscadas» por los militares que derrocaron a Aristide, dijo Steven Forester, directivo de la organización de Mujeres Haitianas, con sede en Miami. «Si una persona está siendo buscada por un régimen que está cercenando las caras de la gente, no se le ocurre entrar en una lancha».
Aquellos que trabajaron en el proyecto de ley de 1998 dijeron que los «refugiados de aeroplanos» debían estar incluidos entre los protegidos por las regulaciones. Paul Virtue, que fue fiscal general del Servicio de Inmigración y Naturalización entre 1998 y 1999, dijo que pensaba que esos haitianos «fueron excluidos debido a un descuido».
