MADRID (AFP).- Estados Unidos negó a España la licencia para la venta a Venezuela de 12 aviones militares con componentes norteamericanos al considerar que el gobierno del presidente Hugo Chávez “contribuye a la inestabilidad regional” y la venta podría “complicar la situación”.

“La administración (George W.) Bush ha decidido denegar las licencias a España para la construcción de los aviones que España ha vendido a Venezuela y lo ha hecho por una serie de motivos que desde luego el gobierno español no comparte”, dijo ayer viernes la vicepresidenta primera del ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

“Dicho esto (…) hay suscritos unos contratos con otro país, en este caso Venezuela, que desde luego se tienen que cumplir”, afirmó De la Vega, asegurando que las empresas buscarán “la tecnología de sustitución”.

Estados Unidos decidió “no autorizar dicha transferencia de tecnología” empleada en los aviones de transporte C-295 y de vigilancia marítima CN-235 porque “en una región necesitada de estabilidad política, las acciones y frecuentes declaraciones del gobierno de Venezuela contribuyen a una inestabilidad regional”, indicó el viernes una nota de la embajada estadounidense en Madrid.

La “venta de plataformas aéreas tiene el potencial de complicar la situación”, añade el texto, que señala que “la base de esta decisión está centrada en temas relacionados exclusivamente con el gobierno de Venezuela”.

“A pesar de haber sido elegido democráticamente, el gobierno del presidente Hugo Chávez sistemáticamente ha socavado las instituciones democráticas, presionado y acosado los medios de comunicación y la oposición política, y progresivamente incrementa su modelo de autocracia y oposición a la democracia”, dice textualmente el comunicado diplomático.

El embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre, informó el jueves al ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos de la decisión de su gobierno, según la Cancillería española, que por la mañana achacó la decisión a criterios estrictamente comerciales.

“Estamos ante una decisión, atendiendo a criterios internos, de la empresa norteamericana suministradora y a su vez de la empresa española que quiere exportar los aviones a Venezuela”, afirmó a la radio Cadena Ser el director de la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Exteriores, Manuel Cacho.

Sin embargo, el portavoz de la embajada estadounidense en Madrid, John Law, afirmó a la AFP que se trata de “una decisión del gobierno estadounidense”. Fuentes de la filial española de la empresa aeronáutica EADS-CASA, constructora de los aviones, indicaron que “es principalmente un tema político y ahí no entramos” rechazando hacer mayores comentarios.

Cacho negó que la decisión norteamericana suponga “una represalia” hacia el gobierno español, cuyas relaciones con Washington sufren constantes altibajos desde la llegada al poder en abril de 2004 del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuya primera decisión en el poder fue retirar de Irak a las tropas españolas.

El ministro español de Defensa, José Bono, asistió el 28 de noviembre en Caracas a la firma del contrato para la venta de diez aviones de transporte C-295, dos aviones de vigilancia marítima CN-235, cuatro patrulleras costeras y cuatro oceánicas por un valor de 1.700 millones de euros.

Bono señaló entonces que con esa venta, el gobierno español “ha cumplido con su obligación con las empresas españolas”.

Dos días más tarde Zapatero afirmaba que “España toma sus decisiones en función de lo que quiere España (…) para ir a una guerra o para realizar una política de relación con otros países”.

Zapatero aseguraba también que la venta no suponía “un lío” con Washington.

“Estados Unidos no espera que esta decisión vaya a afectar adversamente las excelentes relaciones que mantenemos con el gobierno de España”, afirma la nota de la embajada difundida el viernes.

Sin embargo, lo cierto es que la venta se ha complicado mucho, ya que, según CASA, la opción sería “utilizar (en los aviones) una tecnología que no fuera norteamericana”, lo que implicaría un sobrecoste de la operación y un retraso, lo que la haría prácticamente inviable.