GREELEY, Colorado, EE.UU. (AP).- Fuera del juzgado del condado de Weld, hay una réplica de la Estatua de la Libertad, el monumento neoyorquino que ofrece protección a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

Pero dentro del tribunal surgió un nuevo símbolo del actual debate sobre la inmigración: Cinco ciudadanos mexicanos capturados en una redada realizada por agentes federales en el frigorífico de la empresa Swift se defienden de acusaciones de robo de documentos de identidad de estadounidenses y de usarlos para conseguir trabajo.

La escena no sólo se registra en esta ciudad del norte de Colorado. También ocurre en otras partes de Estados Unidos, al diseminarse la reacción debido a los 1.300 trabajadores detenidos en redadas en frigoríficos de Swift & Co. en seis estados.

En Greeley, el arresto de 261 obreros separó a muchos padres de sus hijos. Vecinos, familiares y organizaciones de caridad trataron de conseguir alimentos y pagar alquileres de familias que quedaron sin el principal sustento del hogar. Hubo muchos interrogantes en torno al vasto apoyo ofrecido a personas acusadas de violar la ley. Y todavía más interrogantes en torno a un sistema que al mismo tiempo recompensa y castiga a los inmigrantes ilegales.

«Le pone un rostro humano a la complejidad de la inmigración’’, dijo Ernest Girón, de la organización de asistencia Catholic Charities, en Denver. «Lo que estamos viendo aquí en Greeley es cómo una ley puede causar un gran impacto en una comunidad’’.

Y al final, pese al furor, y a las preocupaciones, nada cambiará mucho, pronosticó Wayne Cornelius, director del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la universidad de California en San Diego.  Tal vez los vecinos del lugar ocupen durante un tiempo los puestos que quedaron vacantes. Pero, según señala, la historia demuestra que los norteamericanos abandonan al cabo de pocos meses labores desagradables por las cuales reciben salarios insuficientes. Y cuando se vayan los agentes del servicio de Inmigración, los indocumentados regresarán. Pues existe una necesidad de índole económica.

«Los estadounidenses no esperan que sus hijos hagan ese tipo de trabajos’’, dijo Cornelius.

Según el experto, si bien el arresto de 1.300 indocumentados en una redada no hizo mella en la población total de inmigrantes, calculada en más de 10 millones, sí demostró que el cumplimiento estricto de la ley puede causar graves contrariedades a los inmigrantes ilegales.

Y en el medio quedaron atrapados centenares de esposas e hijos en Greeley.

«No es honesto traer aquí a estas personas, pagarles salarios y luego echarlas a patadas por cuestiones políticas’’, dijo el abogado Robert McCormick, que representa a algunos de los detenidos. «No tiene sentido. Hay una razón por la cual la gente viene aquí. Y esa razón es la demanda de trabajadores’’.

Karina Miranda tiene 24 años y se casó hace dos semanas. Su marido, José Mendoza, fue detenido en la incursión. Miranda se ha quedado con dos hijos. No tiene empleo y prácticamente carece de dinero.

Al igual que su esposo, Miranda llegó a Estados Unidos de manera ilegal. Carece de documentos para obtener un trabajo o para visitar la cárcel donde su esposo está detenido.

Miranda dijo que de una sola cosa está segura: si debe hacerlo, retornará a México con su esposo. Y luego, toda la familia piensa regresar a Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal.

Incluso para quienes trabajan de manera legal, como Evie Alexis Mezney, de 25 años, una obrera de Swift, la redada la ha afectado. Mezney dijo que al perder súbitamente a 261 obreros, la compañía puso volantes rojos en las puertas, anunciando a los obreros que deberán trabajar durante el fin de semana, además de continuar con los turnos ampliados de 10 horas diarias que deben cumplir ahora.

Mezney, quien coloca grasa animal en cajas y recibe un salario de 11,75 dólares por hora, dijo que la tarea es agotadora, y el ánimo en la planta es triste y apagado luego del allanamiento.

Fuera de la planta, dijo la mujer, existe resentimiento. Algunas mujeres cuyos maridos fueron arrestados la han amenazado por no abandonar el trabajo como protesta, dijo.

«Es que necesito el dinero’’, señaló.

Sean Conway, secretario del senador de Colorado Wayne Allard, dijo que el legislados reconoce que la situación es muy compleja. Por una parte, se siente complacido de que víctimas de robo de documentos de identidad podrán quedar reivindicadas por los arrestos. Pero también sabe que una serie de arrestos no son la respuesta.

Conway dijo que el senador simpatiza con las familias que han sido separadas debido a las redadas de agentes del servicio de inmigración. Pero también simpatiza con las víctimas de robos de documentos. El secretario de Allard dijo que al usar el nombre de la Seguridad Social de otra persona, se causa daño al propietario de la tarjeta. El Servicio de Rentas Internas puede reclamar a esas víctimas el pago de impuestos atrasados por salarios que nunca percibieron, recordó Conway.

«Tenemos un problema realmente grande’’, dijo Conway. «Hay decenas de miles, tal vez centenares de miles de ciudadanos que ignoran que les han sacado sus números de la Seguridad Social y están siendo utilizados para propósitos ilegales’’.

Pero para los familiares de las personas detenidas en las incursiones, la mayor aflicción es que sus hogares han quedado fragmentados.

La estatua de la Libertad en miniatura situada frente al juzgado de Greeley, recuerda mucho a la original emplazada en la bahía de Nueva York. Lo que falta sin embargo es el famoso poema que adorna su base: «Dadme a vuestros pobres, a vuestros exhaustos, a vuestras masas hacinadas que suspiran por respirar libremente’’.