La Casa Blanca responsabilizó ayer al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en protestas callejeras que desde abril han sacudido a Nicaragua.
La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee sostuvo que la población nicaragüense salió a las calles a pedir reformas democráticas después que el gobierno de Ortega celebrara elecciones fraudulentas y manipulara las leyes para suprimir a los partidos opositores y la prensa independiente. Huckabee señaló que esas protestas recibieron como respuesta una «violencia indiscriminada» que ha dejado al menos 350 muertos, miles de heridos y centenares no solo acusados falsamente de «golpistas» y «terroristas» sino también encarcelados, torturados o desaparecidos.
Huckabee expresó el apoyo estadounidense al proceso de diálogo nacional coordinado por la Iglesia católica y sugirió que la sanción a funcionarios nicaragüenses por violar derechos humanos es el primer paso a más sanciones.
Estados Unidos gestionó la devolución de vehículos que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que fueron empleados para reprimir violentamente protestas pacíficas y suspendió las donaciones de otros equipos que ya estaban previstas para organismos seguridad.
Washington también patrocinó una resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos que condenó la violencia, apoyó la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió calendario electoral acordado en negociaciones.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega, afirmó que está dispuesto a reanudar el diálogo con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida a las protestas.