WASHINGTON (AFP).- Estados Unidos acaba de reconocer a dos prisioneros de la «guerra contra el terrorismo» el derecho a disponer de un abogado, dejando entrever una flexibilización del trato a los centenares de detenidos en la base de Guantánamo.

«El gobierno responde evidentemente a las críticas formuladas» estos últimos meses sobre el tema de la detención en Guantánamo (en la isla de Cuba) de personas que no disponen de abogados defensores, estima Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington.

Y «esa respuesta de la administración Bush es, además, bien modesta y tardía en relación con la amplitud de las críticas», agrega el jurista, quien deploró que el gobierno no haya adoptado «ninguna política coherente» en la materia.

Por primera vez el ministerio estadounidense de Defensa anunció el miércoles de noche que había autorizado a un detenido en Guantánamo -el australiano David Hicks- a tener un abogado militar. Y otros podrían seguirlo, estiman los expertos.

El Pentágono también autorizó la víspera a un estadounidense de origen saudí, detenido un tiempo en Guantánamo y luego trasladado a una cárcel militar en Estados Unidos, a disponer de un abogado.

Esta medida, que beneficia a Yaser Esam Hamdi, detenido en Afganistán a fines de 2001, no debe considerarse, sin embargo, como un «precedente», advirtió el Pentágono. La decisión es absolutamente «discrecional, en la medida en que ese acceso (a un abogado) no es exigido por la ley» para las prisioneros considerados combatientes enemigos, destaca el comunicado.

«El gobierno no dice en ningún momento que esos dos hombres tienen derecho a un abogado, sino más bien que decidió otorgarles uno, como si les estuviera haciendo un favor», señaló Jonathan Turley, quien se declara sorprendido, al igual que muchos de sus colegas, por el comportamiento «francamente al límite en términos constitucionales» de la administración Bush.

«Creo que la administración se dio cuenta de que su posición en estos temas legales era demasiado extrema como para poder mantenerla», opina.

Michael Ratner, abogado de varios detenidos en Guantánamo y presidente del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), explica también este brusco viraje de la política estadounidense en el caso Hamdi por «la preocupación del gobierno de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el asunto».

Varias decisiones recientes de la justicia contrariaron además la política anti-terrorista del gobierno estadounidense, crecientemente percibida como atentatoria contra las libertades individuales.

Un Tribunal de Apelaciones federal en San Francisco consideró el miércoles «inconstitucional» una ley antiterrorista de 1996, que permitía condenar a penas de cadena perpetua a personas que hubieran suministrado ayuda financiera o formación a un grupo terrorista.