Estados Unidos insistió ayer, viernes, en la necesidad de que, en cuanto se garantice una mínima seguridad para los candidatos y votantes, Haití debería celebrar elecciones “lo antes posible”, aunque indicó que deben ser los haitianos quienes determinen el camino a seguir.

Así lo indicó un funcionario estadounidense en rueda de prensa telefónica al término de la cumbre ministerial sobre Haití, organizada por el Gobierno de Canadá y que contó con la participación de más de una veintena de países, así como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Lo que quiere el pueblo haitiano son esfuerzos continuados, un camino hacia las elecciones para la restauración de la democracia”, señaló.

El funcionario evitó dar plazos para la celebración de estas elecciones, pero aseguró que lo primero es “garantizar un ambiente» de seguridad. Asimismo, remarcó que la comunidad internacional trabaja “para apoyar al pueblo haitiano, no para imponer una solución extranjera».

Medidas tomadas por el gobierno de Canadá

Al inicio de la reunión, el Gobierno de Canadá anunció la entrega de 50 millones de dólares en programas para reforzar la seguridad e iniciativas humanitarias en Haití.

“El aumento en la violencia solo está empeorando la ya precaria situación humanitaria. Debemos trabajar conjuntamente para restaurar la estabilidad y proteger la seguridad y bienestar del pueblo haitiano”, afirmó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El proceso de organización de las elecciones todavía no se ha puesto en marcha debido a la inestabilidad política que atraviesa Haití y por la violencia de las pandillas, que se ha recrudecido en los últimos meses.

El primer ministro, Ariel Henry, es la principal autoridad de Haití desde que asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio de 2021.

Las investigaciones del magnicidio continúan estancadas en el país, con nulos avances en los últimos meses.

A comienzos de mes, Jamaica rechazó deportar a Haití a uno de los mercenarios colombianos acusados de haber perpetrado el crimen, el exmilitar Mario Antonio Palacios, porque Puerto Príncipe no envió pruebas suficientes de su implicación en el caso.