SAN SALVADOR (AFP) – El tratado de libre comercio entre Washington y Centroamérica (CAFTA en inglés) entrará en vigor el miércoles 1 de marzo, pero solo con El Salvador y Estados Unidos, pues cinco naciones, entre ellas Costa Rica, no han actualizado sus leyes o no han ratificado el acuerdo.

La región del CAFTA representa el segundo mercado para las exportaciones estadounidenses a América Latina, que equivalen a unos 15.000 millones de dólares y el comercio bilateral asciende a unos 32.000 millones de dólares al año.

El CAFTA elimina las tarifas sobre más del 80% de los bienes de consumo e industriales estadounidenses y a las exportaciones regionales. Las tarifas sobre el 20% restante serán eliminadas gradualmente en 10 años.

Amplía la cuota de azúcar a Centroamérica y Dominicana a 1,2% de la producción azucarera estadounidense total, y se eleva a 1,7% en 15 años.

Las vestimentas confeccionadas en las maquilas centroamericanas y dominicanas con hilo y tela estadounidense o regional entrarán a Estados Unidos con arancel cero y sin cuotas.

Elimina asimismo los aranceles de más de la mitad de las actuales exportaciones agrícolas de Estados Unidos a la región, incluidos la carne de alta calidad, algodón, trigo, muchas frutas y vegetales y alimentos procesados.

Las tarifas de la mayoría de los productos agrícolas estadounidenses serán eliminadas progresivamente en 15 años, y todas se reducirán a cero en 20 años.

El anuncio sobre la entrada en vigencia del TLC, firmado en 2005, fue realizada el viernes en Washington por el secretario de Comercio estadounidense, Rob Portman, durante una visita que realizó a la capital norteamericana el presidente Elías Antonio Saca.

“Hemos trabajado estrechamente con El Salvador en los últimos meses para garantizar que su régimen legislativo y regulatorio refleje las obligaciones y responsabilidades establecidas” en el TLC, dijo el representante estadounidense.

Los presidentes centroamericanos y de República Dominicana estiman que con la entrada en vigor del TLC, sus naciones accederán a mayores índices de inversión extranjera y creación de empleos.

Sin embargo, sus detractores estiman que el TLC conllevará un duro golpe para el sector agrícola, así como las áreas de salud, por la imposibilidad de importar nuevos productos genéricos, y un duro impacto para la pequeña y mediana industria.

Los gobiernos de la región que incluye a la caribeña Dominicana confían en que el TLC permita un mayor crecimiento económico para revertir los índices de pobreza que afectan a alrededor del 60% de sus 34 millones de habitantes.

El Salvador fue el único país que pudo aprobar leyes complementarias inherentes al TLC.

Nicaragua espera poner en vigencia el tratado el primero de abril, una vez que el Congreso apruebe reformas a cinco leyes. Guatemala y Honduras también esperan acceder en abril y República Dominicana el primero de julio.

El futuro del TLC es incierto en Costa Rica donde organizaciones de la sociedad civil y el Partido Acción Ciudadana (PAC), segunda fuerza en las recientes elecciones generales, se oponen al tratado.

Una tercera parte del comercio de Estados Unidos con la región se realiza con Costa Rica.

El ganador de las elección de Costa Rica, Oscar Arias -quien no ha sido proclamado presidente por impugnaciones de su rival-, manifestó en su campaña que el TLC es indispensable, pero tras el cerrado final de la elección habló sobre la necesidad de negociar el tema con el opositor PAC.

En Costa Rica la resistencia al TLC se profundizó cuando los negociadores accedieron a romper los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros, pese a que se habían comprometido a no incluir dichos temas en la discusión con Estados Unidos.

El TLC estaba previsto que entraría en vigor el primero de enero pasado, pero Washington lo aplazó advirtiendo que los centroamericanos necesitaban “adaptar sus leyes y normas en una serie de asuntos como telecomunicaciones, procedimientos aduaneros o propiedad intelectual”.

El TLC fue ratificado en julio de 2005 por el Congreso estadounidense por un sólo voto de diferencia en la Cámara de Representantes, en medio de fuertes críticas de la oposición demócrata, que consideraba que no cumplía las normas mínimas y que afectaba a los obreros estadounidenses.