El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó ayer que pese a que en la República Dominicana las leyes establecen un Poder Judicial independiente, el Gobierno no respetó la independencia e imparcialidad judicial, sino que la influencia en las decisiones judiciales fue generalizada.
En su informe sobre derechos humanos publicado ayer, señala que la interferencia del Poder Ejecutivo varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida.
“La corrupción del poder judicial era un problema grave y la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades negaron a cumplir los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”, indica el reporte.
El Departamento indica además, que a pesar de que el Gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, hubo informes generalizados de grave corrupción e impunidad , en especial entre los altos funcionarios oficiales.
Violación de derechos. Otro aspecto que destaca el informe del Departamento de Estado es el que refiere al derecho a la intimidad, violado por policías, que según el reporte, ‘realizaron registros e incautaciones ilegales, incluidas muchas redadas sin orden judicial en residencias privadas en barrios pobres’.
Manifestó que grupos de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas, alegaron que el Gobierno usó escuchas telefónicas no autorizadas, monitoreó de correos electrónicos privados y otros métodos subrepticios para interferir con las vidas privadas de individuos y familias.
Intimidar periodistas. Sobre la libertad expresión, el Departamento dijo que aunque las personas pueden criticar al Gobierno de forma pública y privada sin represalias, sucedieron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa.
Señaló que en septiembre pasado, un programa de televisión de un conocido periodista fue cancelado días después de presentar una investigación, en la que alega que la hermana del Procurador General recibió contratos gubernamentales sin licitación por RD$750 millones, para proveer asfalto al Gobierno.
“El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana del procurador cobraba un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después que el fiscal general (procurador) llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales”, señala el informe.
Pero además de eso, el informe señala que la Asociación Interamericana de Prensa denunció que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de militares y policiales de funcionarios del Gobierno, de manera particular al cubrir protestas dirigidas por la sociedad civil.
Agrega que medios de comunicación optaron por omitir las líneas generales de los periodistas que informan sobre el tráfico de drogas y otros asuntos de seguridad para protegerlos de manera individual.
El departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que pese a que la Constitución prohíbe la detención sin orden judicial, el arresto y la detención arbitrarios fueron un problema, ya que hubo numerosos informes de personas detenidas y luego liberadas con poca o ninguna explicación de la detención.
Agrega que aunque la ley establece que una persona acusada solo puede ser detenida por 48 horas, antes de ser sometida por ante los tribunales, hubo ocasiones en las que la policía detuvo a sospechosos por más de ese tiempo legal.
Otro de los problemas que señala el informe son los asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno, tortura por parte de la Policía y otros agentes de organismos castrenses, violencia policial contra grupos minoritarios y trabajo infantil forzoso.