JACINTO GIMBERNARD PELLERANO
Aclaremos. No voy a tratar de propuestas y legislaciones sino acerca de resultados. Desde los primeros que observé, salidos del Código Procesal Penal, me hundí en preocupaciones.

No soy abogado ni pretendo ser experto en leyes, aunque me sienta a menudo Doctor en Lógica. El nuevo Código Procesal Penal y el abandono de la jurisprudencia francesa -altamente respetable y puesta al día con las modificaciones requeridas por los actuales tiempos y circunstancias – constituye un lamentable error.

Los violadores de las leyes, los criminales, narcotraficantes y asesinos de toda laya disfrutan de magnífica protección “legal”. Un asesino confeso y alardeante, se pasea gozoso por su barrio -que está, naturalmente, al tanto de crímenes y tropelías- a escasos días de haber sido apresado y llevado ante el mecanismo judicial.

Está libre para seguir matando, robando o lo que fue su hábito y deseo.

Tal como no existen dos personas -ni dos árboles- iguales, no existen dos sociedades iguales. Pero hay trayectorias del comportamiento, debido a procesos históricos y a sanciones históricas.

Durante mi estancia en Alemania, algunos jóvenes con ánimo rebelde (sólo con ánimo, no con práctica) comentaban risueñamente: “Aquí lo que no ¡Está prohibido! es porque ¡No está permitido! (O es “Verboten!, o ¡Nicht Gestatten!”).

Pero había una obediencia a la ley, ya dentro de un sistema democrático, pasado Hitler como aquí pasó Trujillo. Como dictador, no como ordenador.

Menos aún como abusador terrible.

La democracia es el menos malo de los sistemas políticos, ya que se ha dicho y repetido. Por eso la ansiamos, verdadera y fuerte, noble y justiciera.

Pero las dictaduras no enseñan, no educan, simplemente imponen, y cuando se quita la presión, saltan vivos y agresivos todos los males, como recién despertados de un profundo sueño opiáceo. El orden futuro depende de nuevas sanciones al desorden cívico, que aspiramos sean sanciones educativas.

Democracia no significa Derechos Humanos sin Deberes Humanos. Significa una igualdad amplia, difícil…una posibilidad de vivir gratamente cada cual conforme a sus capacidades, habilidades buenas y conocimientos útiles.

Aquí, los dominicanos hablamos mucho de democracia pero no la entendemos ni estamos dispuestos a pagar el precio que se requiere para su subsistencia.

Disciplina cívica.

Entonces nos tiran encima el nuevo Código Procesal Penal que nos luce como una “Patente de Corso” un Salvoconducto para delinquir. Eso es lo que se ha visto.

Me ha conmocionado un artículo de Euclides Gutiérrez Félix, publicado en el periódico “El Nacional” del lunes 10 de julio del corriente y reproducido en el Listín Diario dos días después, titulado “Sin miedo”.

Dice lo que yo también pensaba pero, al no ser abogado, no me atrevía a expresar públicamente. Se trata de un “mamotreto jurídico, confeccionado a base de recortes de jurisprudencia de otros países y de artículos de otros códigos, lo que ha permitido que se haya profundizado hasta límites inaceptables la corrupción en el Poder Judicial” (palabras de Gutiérrez Félix).

“Es esa situación la que ha estimulado, notablemente, el auge de la delincuencia en todo el territorio nacional y en la mayoría de las actividades de orden económico, porque además de la impunidad que auspicia el llamado Código Procesal Penal, está la prevaricación y la corrupción de aquellos -mujeres y hombres- en los cuales descansa, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales, la responsabilidad de castigar severamente a los delincuentes, que incluyen criminales, asesinos, violadores, funcionarios corruptos, señalados, no por la denuncia sino por el clamor popular, como funcionarios rapaces que se han apoderado de la riqueza fruto del trabajo y el sudor del pueblo dominicano”. (Hasta aquí Gutiérrez Félix).

Y resulta que el magistrado Luciano Pichardo, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, personaje altamente preparado, honrado y respetado, afirma que el nuevo Código tiene aspectos contradictorios con la Constitución de la República Dominicana y que “me revelo al ver que es una imposición, no sólo a la República de la Suprema Corte, Dr. Subero Isa, reconoce la prevaricación y corrupción en el Poder Judicial y hace recomendaciones al respecto.

¿Pero es eso bastante para disminuir tanta inmundicia conductual?

Los remedios se toman de acuerdo a la enfermedad.

Procede aplicar destituciones deshonrosas con sus correspondientes expedientes.

Procede la “muerte civil”.