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WASHINGTON, (EFE).- La situación de los derechos humanos en Haití y República Dominicana presenta todavía serios problemas, a pesar de que se han registrado algunas mejoras, dijo ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos. Al citar a República Dominicana, el informe aplaude las mejoras implantadas por la Policía, y destaca cómo, a pesar de que las autoridades civiles generalmente mantienen un efectivo control de las fuerzas de seguridad, hay instancias en las que elementos de las fuerzas de seguridad actúan independientemente.
Sostiene que aún existen serios problemas, que van desde los crímenes, palizas y otros abusos a sospechosos, detenidos y prisioneros a las severas condiciones de las cárceles y la discriminación hacia los inmigrantes de Haití y sus descendientes» y destaca que hace caso omiso de los derechos laborales fundamentales. EFE
(El informe de los Derechos Humanos cita a la Procuraduría General de la República consignando que en el 16% de las muertes violentas, desde enero del 2005, están envueltas fuerzas de seguridad.
La Procuraduría General redefinió la causa de esas muertes violentas con participación de fuerzas de seguridad. Las llama intercambios de disparos en el curso de un arresto o muerte en manos de la Policía en el cumplimiento de sus funciones.
Entre enero y agosto del año pasado, agentes policiales mataron a 173 personas en el cumplimiento de sus funciones. Estas muertes fueron atribuidas principalmente a la falta de entrenamiento y a la falta de una supervisión mínima.
Destaca que miembros de la seguridad continuaron con la práctica de la tortura y los abusos físicos contra los prisioneros.
El informe habla del estado en que se encuentran las prisiones del país, 35 en todo el país., con una población aproximada de 15,400 reclusos, aun cuando la capacidad de las cárceles es solo de nueve mil. Cita el caso de La Victoria, la cárcel más grande del país. Tiene más de 3,700 presos, pero está diseñada para albergar 1,600. Unos 6, 300 presos duermen en camas y 9,100 en el piso.
Cita al director de Prisiones indicando que el 27% de los prisioneros ha sido condenado, pero el 73% es preventivo, a la espera de juicio. Al final del año esta última proporción se redujo a cerca del 60%.
Relata que continuaron las alegaciones de tráfico de drogas y armas en las cárceles, y prácticas de prostitución y abuso sexual).
