POR ISAOLYM MIESES
No han dejado de sonar en todo el planeta las voces que señalan profundas contradicciones entre el discurso de las cumbres de jefes de Estado y la práctica política y económica. Críticas al hecho de que las prioridades establecidas en la cooperación entre la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe (UE-LAC) como el desarrollo y la cohesión social, aún tienen que expresarse en resultados concretos para buena parte de la población de América Latina y el Caribe.

Las motivaciones de esta preocupación expresadas en la campaña mundial Comercio con Justicia de Oxfam Internacional, encuentran base sólida en el hecho de que América Latina y el Caribe se caracterizan por niveles inaceptables de pobreza y desigualdad social.

 El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el panorama social de la región, afirma que el volumen de la pobreza en el 2005 asciende a 213 millones y el de la indigencia a 88 millones de personas respectivamente, un 40.6% y 16.8% de la población total, de acuerdo al “Panorama Social de América Latina 2005”, publicado en noviembre del 2005 por CEPAL.

Estas estadísticas representan un leve descenso relativo en los niveles de pobreza. Sin embargo, se considera que no es lo suficiente siquiera para alcanzar la primera meta del Milenio de erradicar la pobreza extrema.

“La persistente pobreza es un fenómeno exacerbado por la extrema desigualdad, uno de los principales obstáculos para el desarrollo, la equidad de género y también la democracia y la gobernabilidad”, según el documento “La Cumbre de Viena: Encrucijada para las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe”, de Oxfam Internacional.  Según el Banco Mundial, el 10% más rico de los individuos recibe entre el 40% y el 47% del ingreso total en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20% más pobre, solo recibe entre el 2% y el 4%.

Según el mismo informe, la desigualdad del ingreso en promedio ha tendido a empeorar en la región, según el documento publicado por el Banco Mundial en 2003 con el título “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la historia?”.

De acuerdo a esta visión, la IV Cumbre de los Jefes de Estado de América Latina y Caribe y la Unión Europea, celebrada en Viena los días 11 y 12 de este mes, representan una encrucijada para las relaciones entre dos regiones con historias, economías, política y culturas entrelazadas. Constituye un espacio para reforzar y revitalizar la asociación estratégica bi-regional ya acordada en las cumbres anteriores de Río de Janeiro (1999), Madrid (2002) y Guadalajara (2004).

“Las cifras macroeconómicas de crecimiento del comercio y de las inversiones, dos pilares del modelo de desarrollo adoptado a partir de los años 90’s en América Latina y el Caribe, esconden una realidad contradictoria: un modelo que genera riqueza, comercio e inversiones, pero que no resuelve la pobreza, ni la desigualdad, ni sienta las bases productivas para un desarrollo futuro”, asegura el documento.

Desarrollo y libre comercio

Los UE-LAC han asumido el compromiso de erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, alcanzar una mayor justicia social, equidad de género y el desarrollo sostenible.

 Según los analistas, la  cohesión social es considerada como prioridad clave para la asociación estratégica. El comercio podría jugar un papel central en alcanzar estos objetivos y los acuerdos regionales de comercio ofrecen un posible camino para relaciones comerciales más estrechas.

“Sin embargo, la práctica actual de tratados de libre comercio (TLC’s), amenaza con socavar el desarrollo y limitar las opciones para la eliminación de la desigualdad y la pobreza, a través de la liberalización de sectores vulnerables mientras que no realiza las reformas en los mercados domésticos en la UE en sectores de interés para América Latina y el Caribe, como la agricultura”.   Estudios recientes de la CEPAL han mostrado que el vínculo entre la apertura comercial y el crecimiento económico no es necesariamente positivo, y que mayores exportaciones y mayor inversión extranjera directa tampoco son inequívocamente positivas.

 En una evaluación de su política de comercio de los últimos 25 años, el Banco Mundial reconoce que subestimó la importancia de políticas complementarias y los costes de ajuste de la liberalización comercial y que la maximización de las ganancias de la liberalización comercial requiere un abordaje inter-sectorial que explícitamente toma en cuenta factores de bienestar y de distribución.

Los TLC’s entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados a menudo terminan reforzando los desequilibrios entre países. También limitan el espacio para políticas nacionales y regionales que permitirían que el comercio y las inversiones puedan generar oportunidades y realizar su potencial a favor del desarrollo.  Las decisiones de los jefes de Estado siguen marchado en dirección de rectificar el sistema multilateral de comercio enfatizando la importancia de las dimensiones de desarrollo en  la Ronda de Doha, así como de avalar el compromiso asumido en la ministerial de la OMC en Hong Kong de concluir las negociaciones durante el 2006. La propia Unión Europea dice que la OMC es el ámbito apropiado para las negociaciones comerciales.

  Sin embargo, a medida que se agota otro plazo en la ronda de Doha, es cada vez menos  probable que se alcance un acuerdo pro-desarrollo este año.

 La responsabilidad de esto reside en los países desarrollados, incluyendo a la Unión Europea, que siguen ofreciendo muy poco en el ámbito de la agricultura. En lugar de realmente recortar las ayudas agrarias que distorsionan el comercio, las propuestas actuales no garantizan el fin del “dumping” en las exportaciones agrarias.

La propuesta de la Unión Europea de eximir una serie de sus productos sensibles de los recortes arancelarios, reduce significativamente los beneficios del acceso a los mercados europeos.

 A cambio de esta oferta inadecuada, la UE exige que los países en vías de desarrollo abran sus mercados industriales y de servicios a la competencia de empresas europeas.

Oxfam Internacional advierte que repetir los tratados de libre comercio logrados por los Estados Unidos para lograr el libre flujo de bienes e inversiones europeas en América Latina y el Caribe podría causar tensiones entre los países latinoamericanos, obstaculizando las posibilidades de profundizar la integración regional a partir de una mayor cooperación y coordinación en políticas de desarrollo regional.  

Con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus cifras en ingles) Centroamérica terminó negociando por separado, y la región andina ha quedado desarticulada a partir de las negociaciones del TLC con EEUU. Las negociaciones del ALCA dividieron y siguen dividiendo el continente.   

De acuerdo a los conceptos difundidos en la campaña mundial Comercio con Justicia de Oxfam Internacional, la promoción del desarrollo, la superación de la desigualdad  social y la discriminación de género, y erradicación de la pobreza y mayor respeto por los derechos básicos deben ser centrales a la asociación estratégica entre Europa, América Latina y el Caribe.

Para alcanzar estos objetivos, los Jefes de Estado en Viena deben en primer lugar definir e implementar políticas y mecanismos de cooperación que respondan a las asimetrías entre las dos regiones antes de cualquier negociación adicional sobre la liberalización comercial.

Además, se sugiere establecer una moratoria sobre las negociaciones de tratados de libre comercio y el retorno al ámbito multilateral de la OMC;  revisar los procesos de integración en América Latina y el Caribe para incorporar principios de cooperación y solidaridad, y promover mecanismos (más allá del comercio) para fomentar el desarrollo regional, y promover la activa participación de la sociedad civil en la definición del proceso de construcción de la asociación estratégica entre ambas regiones.