BRUSELAS. AFP. Europa estudia reescalonar la deuda pública de Grecia con la participación de los acreedores privados, pero quiere evitar a toda costa que la nueva ayuda sea percibida como una reestructuración, cuyos efectos en los mercados podrían pasar factura a otros países de la zona euro.

  Los europeos examinan si «es factible reescalonar la deuda sobre una base voluntaria» entre los acreedores privados de Grecia, explicó el viernes un portavoz de la Comisión Europea, al dar cuenta de las negociaciones en curso.  

Pero esa opción entraña sus riesgos porque «los mercados pueden considerar que se trata de algo similar a una reestructuración, algo que queremos evitar desde el principio», reconoció el portavoz.

  Los países de la Eurozona empezaron a estudiar esta semana cómo ayudar a Grecia a salir de su crisis financiera, tras un primer paquete de 110.000 millones de euros en préstamos aprobado el año pasado por la unión monetaria y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

  También el ministro griego de Finanzas, Yorgos Papaconstantinou, señaló ayer que una nueva ayuda debería incluir la participación voluntaria del sector privado.   La base de voluntariedad reviste una importancia crucial para Bruselas y Atenas para evitar dar la imagen de obligar a los acreedores privados a aceptar reescalonar la deuda, algo que equivaldría a una reestructuración ‘suave’ con consecuencias imprevisibles para otros países de la zona euro presionados por los mercados, como Portugal e Irlanda.  

El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, reafirmó su oposición categórica a reestructurar la deuda griega y a toda suspensión de pagos «selectiva», es decir, que distinga entre acreedores públicos y privados.   El hallazgo de una solución es apremiante, especialmente después de que expertos europeos y del FMI advirtieran de que el desembolso previsto en julio de 12.000 millones de euros como parte del rescate de 2010 no podrá realizarse sin un reescalonamiento previo del pago de la deuda. 

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Distribución justa

Alemania  defendió  imponer una moratoria de siete años al vencimiento de la deuda griega con la implicación de los acreedores privados.   Su ministro alemán de Finanzas aseguró que si  una nueva ayuda a Grecia es “inevitable”, esta debe ser una “distribución justa de los riesgos entre el contribuyente y el acreedor privado”.