Robert Pozen
Desde que las agencias de clasificación de crédito no anticiparon la crisis financiera, ellas están otra vez en la silla caliente. Michel Barnier, el comisionado europeo para servicios financieros, ha declarado que la Unión Europea necesita su propia agencia de clasificación para deuda soberana. No obstante, si tal agencia de clasificación fuera creada o patrocinada por la U.E., ésta sería muy vulnerable a la influencia política. Imagine el contragolpe político si esa agencia tratara de bajar la clasificación de bonos para Francia o Alemania.

Un resultado similar ocurriría en Estados Unidos, si sucediera como el New York Times sugirió, que las agencias crediticias fueran consideradas un bien público y sus honorarios fueran pagados por el gobierno. Los senadores y gobernadores aplicarían tremenda presión sobre las agencias financiadas públicamente para dar altas clasificaciones a los bonos emitidos por el estado o los gobiernos locales.

 Por lo menos, estas presiones políticas demorarían el ya lento proceso de bajar de categoría los bonos pendientes de estos gobiernos.

Ciertos críticos americanos desean que el gobierno se mueva en la dirección opuesta, distanciándose así de las agencias de clasificación crediticia. Sin embargo, mientras la Comisión de Valores e Intercambio está borrando referencias en unas pocas de sus normativas para las clasificaciones de bonos, la mayoría de los estados no revocarán los requerimientos para los aseguradores locales y pensiones públicas comprar sólo bonos altamente clasificados. Muchas instituciones locales no tienen suficiente experticio o recursos para evaluar los miles de bonos corporativos disponibles. Y la mayor parte de los inversionistas individuales dependen fuertemente de las clasificaciones crediticias de los bonos municipales. 

Dadas estas prácticas restricciones, el Congreso es posible que mande más ejecuciones para las agencias crediticias y más apatía de la SEC de sus actividades. En adición, a los empleados de las agencias de clasificación no les será permitido moverse rápidamente para trabajar para sus clientes. Aunque estas reformas serán útiles, éstas fallan en dirigir el quid del problema, la habilidad de los emisores de bonos para comprar para la agencia que está preparada para dar la mayor clasificación, antes que la más experta.

Por ejemplo, el patrocinador de un bono respaldado por activos puede obtener una clasificación simplemente A de la Agencia X, así el patrocinador va a la Agencia Y. Pero si la agencia Y acuerda sólo una clasificación doble A, el patrocinador se mueve a la Agencia Z, la cual está preparada para dar al bono la clasificación triple A.

Para detener las compras de clasificaciones los comentaristas han sugerido que los honorarios cargados por las agencias de clasificación crediticia sean pagados por los inversionistas en vez de los emisores de bonos. La dificultad es que la mayoría de sofisticados inversionistas, en fondos de protección, fondos mutuos y bancos de Wall Street, hacen sus propios análisis; ellos vislumbran las agencias de clasificación crediticia y se rehúsan a pagar por sus clasificaciones. Todavía sería virtualmente imposible prevenir que estos sofisticados inversionistas aprendan acerca de las clasificaciones de bonos si fueran pagados por sólo pequeñas instituciones o inversionistas individuales.

¿Cuál es la solución a este difícil problema? El Congreso debe insertar una tercera parte entre el emisor y la clasificación del crédito en cada oferta mayor de bonos. Aquí está cómo esto funcionará.

Primero, cada tercera parte sería un experto financiero, independiente de tanto los emisores como de las agencias de clasificación. Por ejemplo, las terceras partes podrían ser ejecutivos retirados de compañías, agencias gubernamentales o inversionistas institucionales, nombrados por lotería de un grupo, o por una entidad neutral tal como la SEC.

Segundo, la función de la tercera parte sería limitada a seleccionar la agencia de clasificación que de forma más posible provea los inversionistas con una clasificación confiable para la oferta de bonos, y negociar los honorarios con esa agencia. Estas dos funciones pueden ser desarrolladas en unos pocos días a un costo modesto.

Tercero, una vez que la agencia de clasificación sea seleccionada, al emisor de bonos se le requeriría suministrar toda la información relevante para la oferta y pagar a la agencia los honorarios negociados por el experto independiente. Estos honorarios efectivamente serían cargados por todos los inversionistas en la oferta.

Requiriendo una tercera parte para seleccionar la agencia de clasificación, el Congreso mejoraría significativamente la calidad de la clasificación de bonos que depende de las pequeñas instituciones e inversionistas individuales. Todavía este enfoque evita excesiva influencia política sobre el proceso de clasificaciones limitando el rol del gobierno lo mínimo necesario para evitar la compra de clasificaciones. 

La clave

 ¿Cuál es la solución a este difícil problema?

El Congreso debe insertar una tercera parte entre el emisor y la clasificación del crédito en cada oferta mayor de bonos. Aquí está cómo esto funcionará. Primero, cada tercera parte sería un experto financiero, independiente de tanto los emisores como de las agencias de clasificación. Segundo, la función de la tercera parte sería limitada a seleccionar la agencia de clasificación que de forma más posible provea los inversionistas.