Evaluación de la corrupción

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POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Aunque todos afirmamos que la corrupción es socialmente inmoral, es innegable que en nuestra sociedad no son pocos quienes sin mentarla la practican con mayor, menor o nulo pudor.

 Este comportamiento ni es exclusivamente dominicano o latinoamericano -recordemos a Rusia, China, África, India, Indonesia- ni caracteriza a nuestro tan calumniado tiempo como testifica Sancho Panza próximo a asumir el gobierno de la ínsula Barataria.

Decía Sancho: “De aquí a pocos días me partiré al  gobierno adonde voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo… Aquí me han dicho que a los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes de entrar en ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobierno” (Capítulos 37 y 51 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha).

    Tan verdadero es lo que Sancho cuenta aquí, que en nuestra América como en España se había establecido el juicio de residencia de altos funcionarios para que los vecinos tuviesen la ocasión de aducir sus reclamaciones por posibles delitos de corrupción, sin que los ex funcionarios pudiesen abandonar los territorios de su antiguo mando. Las acusaciones llovían, pero los jueces se abstenían de sentencias condenatorias. Definitivamente, cuando la mayoría espera que ciudadanos, funcionarios y gobernantes sean corruptos resulta ingenuo esperar justicia.

¿Cómo evalúa la economía la corrupción en un medio social proclive a tolerarla en silencio y a practicarla?

LA MALDAD MORAL DE LA CORRUPCIÓN SEGÚN LA ECONOMÍA

Asume la economía que el ser humano toma decisiones sobre su comportamiento de acuerdo, en última instancia, a sus intereses conscientes o inconscientes. Gary Becker, Nobel de Chicago, es el apóstol de este razonar tan propio de Adam Smith como de Marx. En lenguaje propio de la caricatura, diríamos que bueno es lo que incrementa mi utilidad.

    La ciencia económica actual tiene en cuenta, sin embargo, el impacto que tienen las  decisiones de una persona sobre el bienestar temporal de los demás. Por eso, la norma fundamental de moralidad no es la mera mejoría del bienestar individual.  Si de éste se sigue el empeoramiento del de otras personas, no se acepta simplemente el criterio individualista. La moralidad económica requiere que la suma del bienestar de todos -actor y afectados- sea de signo positivo. Esto no significa hoy en día que todos y cada uno de los ciudadanos se halle en mejor situación material, como exigía Pareto, sino que  el perjuicio sobrevenido  a unos sea sobrecompensado por el beneficio adicional experimentado por los demás.

    Dos ejemplos nos ayudarán a entender mejor este curioso modo de pensar.

Sea el primer caso, el de un empresario que ha preparado un proyecto que legalmente debe contar con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente. Supongamos que se trata de la construcción de un hotel y de la urbanización requerida en una de las numerosas playas dominicanas no explotadas por el turismo. Supongamos que la Secretaría se inclina a rechazar el proyecto por razones ambientales. En su contra se esgrimen las ventajas sociales y a largo plazo aun ambientales. Un soborno cuantioso busca alterar el dictamen de la Secretaría.

    ¿Qué pensar de la moralidad de este soborno? El proyectista aducirá que el bienestar de los pobladores mejorará por la apertura de fuentes de trabajo, que el de la población dominicana, tan necesitada de divisas para pagar el petróleo, también incrementará, que el fisco recibirá mayores ingresos  etc. Por supuesto, se tomarán las precauciones ambientales para disminuir estos riesgos. Para el empresario, los beneficios esperados pueden ser muy sustanciales aunque el costo adicional de soborno los disminuya.

     El problema moral se reduce a un caso de costo-beneficio donde habría que cuantificar los costos ecológicos más los del soborno frente a los beneficios del proyectista, de la población afectada y del fisco. Los problemas de información son tan enormes que en la práctica queda excluido todo juicio moral ponderado.

     Hay que notar que la moral de un acto de corrupción en sí y el de sus consecuencias son distintos. Una cosa es la moralidad de un modo ilegal de obtener una adjudicación, acción del individuo  y otra, la de una decisión de política pública, una institución,  que no puede evadir un análisis de costo-beneficio. La separación de la moral del acto individual y de la institución es, después de Rawls, fundamental.

     Otro ejemplo más sencillo es el del pago de un “extra” para obtener licencias que deben ser entregadas a cuantos cumplan con sus requisitos  como la de conducir o la obtención de un pasaporte. Los efectos económicos de estos pagos “extra”, no suelen ser apreciables para los que así las demandan aunque la suma de muchas licencias obtenidas puede dejar pingües beneficios a buscones y burócratas. La relativamente pequeña ofensa que se hace a quien desea no perder tiempo en filas y en papeleo, parece justificarse económicamente como compensación por el ahorro de tiempo.

     La teoría económica “clásica” aprobaría la moralidad de esta acción, sobre todo, si pensamos que envuelve también una transferencia de riqueza del acaudalado usuario al mal pagado empleado público y al buscón. Esta somera aprobación no tiene en cuenta, sin embargo, que el tiempo que ella se ahorra es tiempo perdido para los otros elementos de la fila que no reciben ninguna compensación. La costumbre (una de las varias instituciones sociales) legitimadora de este soborno “eficiente” no tiene en  cuenta estos efectos.

     El método usado en economía de valorar por sus efectos la moralidad de actos de corrupción, sin distinguir entre acción e institución,  ofrece grandes dificultades prácticas que cuestionan su aplicabilidad e ignoran características de la misma acción.

La moralidad de las instituciones en teorías cuasi contractuales de la sociedad.

Montesquieu postuló como elemento metódico fundamental de una sociedad humanamente aceptable, la existencia de un pacto entre el Gobierno y los ciudadanos. El texto del contrato puede venir formulado por escrito o por tradición oral  (la constitución o la Carta Magna), por una parte, y de modo menos formal, en cuanto radica en la voluntad implícita de los ciudadanos sin formulación precisa (derechos naturales), por otra parte. Se supone en  ambos casos que sin el cumplimiento del “contrato” la interacción social entre gobierno y ciudadanos, la convivencia social se hace o muy difícil o sencillamente insoportable. De aquí se deduce la obligación de diseñar políticas e instituciones que se consideren  imprescindibles para la vida social pacífica, moralidad de las instituciones y la de los ciudadanos para cumplirlas, moralidad del acto individual.

     Evidentemente la expresión  formal del contrato facilita en mayor grado el bienestar político que la nacida de la voluntad tácita de los ciudadanos difícil siempre de comprobar. Sin embargo en toda sociedad que evoluciona por causas tecnológicas o culturales, surgen situaciones nuevas no previstas en texto alguno que postulan una solución nueva no prevista. Por esta razón resulta tan importante el esfuerzo por formular las condiciones necesarias para la práctica de una convivencia política tolerable.

     No es necesario que estas condiciones estén formuladas en leyes mediante contratos sociales inexistentes. Sí es deseable que exista una cuasi unanimidad práctica de ellas, identificable por la protesta o aprobación de personas significativas de una sociedad, como pueden serlo “filósofos”, voceros de la opinión pública como algunos periodistas, teólogos, y, en general,  personas de prestigio por su forma de vida y de pensar en términos del bien común. Aristóteles diría que se trata de los “mejores”.

    Cuando en una sociedad existe una apreciable  mayoría que  acepta  estas condiciones, la comunidad social es viable. Cuando esas condiciones no son aceptadas por muchos debido, por ejemplo, a la influencia de personas de la familia, de la vecindad o de la vida pública respetadas fundamentalmente por su riqueza, la convivencia se torna peligrosa e insoportable.  El respeto a la persona humana, la seguridad  de vida y propiedad, el cumplimiento de contratos libremente pactados, etc. no entran en la formulación de esas condiciones necesarias a priori de la interacción social, y son sustituidas por el irrespeto a la ley, la violencia, el robo, el secuestro, el chantaje, el enriquecimiento repentino de personalidades del gobiernos, el abuso público de los ciudadanos, el desprecio al pobre, etc. La sociedad se convierte en un infierno o al menos en un purgatorio y muchos “votan con los pies” abandonando,  si pueden, el país.

    El problema gnoseológico de determinar la inmoralidad de la corrupción se alivia cuando: a) las instituciones y los valores culturales de una sociedad hacen posible o difícil la seguridad y tranquilidad de la sociedad y b) los individuos las observamos o contravenimos.