La evaluación de ofertas constituye una de las etapas más delicadas y decisivas dentro de un proceso de contratación pública. Es el momento en el que se determina, con base en los criterios previamente establecidos en el pliego de condiciones, cuál de los oferentes cumple mejor con los requerimientos del procedimiento. Aunque su objetivo es garantizar que el Estado contrate con el proveedor más idóneo y bajo condiciones óptimas, esta fase suele ser fuente de controversias, impugnaciones e incluso investigaciones administrativas, debido a errores en la interpretación de los criterios, falta de documentación o fallos en la aplicación del principio de objetividad.

Luego de la recepcion de las ofertas, los peritos tecnicos designados inician el proceso de evaluacion, estos analizan las propuestas presentadas por los oferentes para verificar su cumplimiento con los requerimientos del procedimiento. La evaluación debe realizarse conforme a los criterios establecidos previamente en el pliego de condiciones o términos de referencia. Esta evaluación se estructura en fases que incluyen, una verificación de habilitación legal, una evaluación técnica y una evaluación económica. Solo aquellas ofertas que superen la etapa de la evaluación técnica, o también conocida como “Sobre A” pueden ser consideradas en la fase económica o “Sobre B”.

Los criterios de evaluación más comúnmente utilizados son la capacidad técnica y la capacidad financiera. La capacidad técnica suele incluir indicadores como la experiencia del proveedor en contratos similares, la disponibilidad de personal calificado, equipos o infraestructura específica, certificaciones de calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y ensayos previos del producto o servicio. Por su parte, la capacidad financiera se evalúa a través de indices de solvencia economica.

Un pliego de condiciones bien estructurado debe definir estos criterios de forma clara, objetiva y medible, permitiendo que los oferentes conozcan con antelación cómo serán evaluados. Este enfoque resulta especialmente crítico en sectores sensibles como salud, educación, construcción y alimentación escolar, donde la calidad no es negociable.

La implementación de los criterios de evaluación conlleva retos significativos:

Subjetividad: cuando los criterios no están debidamente definidos en el pliego, los evaluadores pueden interpretar las propuestas de manera dispar, generando desigualdad en la valoración.
Falta de claridad: muchas controversias se originan en criterios vagos o contradictorios dentro del pliego. Esto vulnera el principio de transparencia y da lugar a impugnaciones.
Limitación de competencias técnicas: en ocasiones, los peritos tecnicos que crean el pliego de condiciones no cuentan con la capacitación necesaria para evaluar correctamente los aspectos técnicos, lo que puede llevar a decisiones erradas o mal fundamentadas.

Para reducir riesgos y garantizar decisiones sólidas, las instituciones pueden implementar varias buenas prácticas:

Matrices de evaluación claras y objetivas: diseñadas desde la fase de planificación, estas matrices deben vincularse directamente con los criterios del pliego y permitir una puntuación cuantificable.
Capacitación técnica continua: los miembros del comité y el personal de apoyo deben recibir formación especializada en evaluación, criterios técnicos, ética y normativa vigente.
Auditorías internas y control cruzado: fomentar la revisión de las evaluaciones por otras áreas institucionales o mediante el uso de supervisión preventiva.
Documentación exhaustiva: todas las decisiones deben estar motivadas, con actas claras y firmadas por los responsables, de forma que puedan ser auditadas o impugnadas con base en hechos y no en percepciones.

Una evaluación bien estructurada y ejecutada no solo asegura la selección del mejor proveedor, sino que también fortalece la legitimidad de todo el proceso de contratación. En un contexto donde cada peso del presupuesto público cuenta, la evaluación de ofertas debe concebirse como un ejercicio técnico, ético y estratégico que contribuye a la eficiencia del gasto y al logro de los objetivos institucionales.

Invertir en fortalecer esta etapa —a través de criterios justos, equipos capacitados y mecanismos de control— no es solo una obligación legal, sino una apuesta por una administración pública más transparente, eficiente y comprometida con el bien común.