LA PAZ (AP) _ Se instaló el miércoles la sesión donde se debe aprobar o rechazar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por las 56 muertes ocurridas durante la revuelta de octubre de 2003, que derivó en su renuncia.

   Para dar paso al enjuiciamiento son necesarios dos tercios de los votos de los 157 congresistas, es decir, 105. En caso de contar con esos votos, la causa debe ser enviada a la Corte Suprema de Justicia, donde el juicio debe ser ventilado hasta su conclusión.

   Voceros de varios partidos políticos informaron que los legisladores, diputados y senadores, votarán en el pleno del Congreso la noche del mismo miércoles.

   Pero otros legisladores señalaron que el debate, en el que intervendrán todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, siete en total, se extenderá hasta la próxima semana.

   En la inauguración, los congresistas aprobaron que la votación se haga de forma verbal, no escrita, como se acostumbra, para que queden en evidencia quiénes votan por cuál de las alternativas.

   Según dirigentes de la mayoría de los partidos con representación en el Congreso, incluidos dos de los tres que formaron parte de la coalición con que gobernó Sánchez de Lozada entre el 6 de agosto de 2002 y el 17 de octubre de 2003, sus legisladores votarán en favor de que se abra el juicio.

   La mayoría de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución de senadores y diputados del Legislativo aprobó el lunes el envío de una petición para que se diera lugar al procesamiento de Sánchez de Lozada y de sus ministros de Gobierno, Yerko Kukoc y de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

   Ese sector consideró que los tres son pasibles de ser sometidos a juicio por asesinato, genocidio, resoluciones contrarias a la constitución, violación de derechos humanos y garantías constitucionales, y conducta antieconómica y contratos lesivos al estado.

   En el partido del que aún es jefe Gonzalo Sánchez de Lozada, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y entre algunos legisladores de las otras fuerzas que fueron sus aliadas, surgieron posiciones tendientes a que también sean juzgados los otros 13 ministros de gobernante.

   El equipo de abogados del ex mandatario, encabezado por Guillermo Richter, indicaron que no se le han dado las garantías necesarias para la debida defensa, pues no ha sido notificado de los delitos que se le atribuyen. El vive, desde su renuncia, en Estados Unidos.

   En el MNR, la fuerza mayoritaria en el Legislativo, se han evidenciado tres facciones, una que apunta a aprobar la apertura del juicio, otra que promueve que se extienda a sus quince ministros y otra que reclama que lo obrado sea devuelto a la Fiscalía General «por falta de materia justiciable»».

   La Fiscalía es la que elevó al Congreso el pliego acusatorio.

   Una parte del MNR también reclama que en la causa sean incluidos dirigentes políticos y sindicales que promovieron la revuelta de octubre, entre ellos el líder cocalero y diputado Evo Morales, quien encabeza una marcha de 190 kilómetros demandando el juicio al ex presidente.

   La marcha, que debe llegar el lunes, ha sido precedida por la llegada a inmediaciones del Palacio Legislativo en el centro de La Paz, de centenares de personas, algunas de ellas familiares de los muertos de octubre, que presionan por el inicio del juicio.

   La policía ha reforzado la seguridad en las inmediaciones del Congreso para evitar incidentes.