Cualquier iniciativa para mejorar los ingresos tributarios tiene que partir de un aumento de la eficacia en las recaudaciones para reducir a mínimos razonables la evasión de ciertos impuestos. Primero hay que recortar significativamente el no pago del Itbis, que según portavoces del Gobierno ronda el 40%, y controlar una consecuencia derivada de esa situación y que afecta los topes de recaudación del Impuesto sobre la Renta. Adicionalmente, hay que meter el bisturí en aquellas exenciones fiscales que carecen de justificación.
El país ha mantenido estáticas algunas de las variables nocivas del régimen tributario, y cuando ha hecho reajustes, como es el caso del Itbis, no ha distribuido la carga equitativamente. Esto hace que algunos sectores carguen más pesado que otros, induciendo a algunos a optar por la evasión. La inequidad alcanza el renglón de las exoneraciones, especialmente aquellas que no tienen ningún efecto de beneficio social, sino que mejoran la rentabilidad de determinadas inversiones.
A lgunos sectores de la economía estarían dispuestos a sacrificar las exenciones a cambio de una mejor distribución de las cargas tributarias. Pero aún así, siguen siendo exigencias de primer orden el control de la evasión y la reducción de las lagunas de informalidad que hay en la economía y que son estimuladas por la inequidad tributaria.

Que la Justicia haga su papel

Los delincuentes y sus actos contra la sociedad se multiplican en este país en una especie de invernadero que tiene como atmósfera la reincidencia. El número de personas con abundantes fichas de historial delictivo nos deja como lección que algo está fallando en el sistema de garantías que debe proteger a la sociedad. Una persona fichada por la Policía es alguien que alguna vez fue sorprendida e imputada en la comisión de un delito o en complicidad con sus autores. Generalmente, indica que hubo un sometimiento.
La frecuencia de la reincidencia no indica otra cosa que los imputados logran la libertad con pasmosa facilidad. Esto, independientemente de las fallas que se puedan atribuir a la Policía como causa de descargo. El hecho es que la sociedad no tiene defensores y que en esto la Justicia está muy mal parada.