Evasión debe tipificarse como lavado

Evasión debe tipificarse como lavado

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio César Valentín, favorece que la evasión de impuestos sea considerado como un delito de lavado de activo.

Consideró  que en algún momento hay que discutir seriamente la criminalización de la evasión fiscal de manera más drástica, porque se trata de castrar recursos estatales.

Manifestó que la sanción  al evasor deberá ir proporcionalmente a la acumulación de riquezas que haya logrado a partir del delito de  dejar de tributar

“Hay que darle de frente al aguijón, costará muchas carreras, pero creo que se acerca la hora de que de frente le digamos al país que el lavado de activos es un crimen que debe ser sancionado conforme a la acumulación de riquezas y fortunas a partir de agredir al Estado,  evadiendo los ingresos fiscales”, expresó Valentín.

Corruptos y corruptores.  En otro punto,   Valentín consideró como trascendental  el hecho de que se haya consignado en un proyecto de ley sanciones para los contratistas que no entregue una obra pública conforme a la calidad y cantidad   contratada, por lo cual el contratista será sancionado penal y civilmente.

También destacó  que a partir de la aprobación del proyecto  se constituya como delito grave los  casos de  funcionarios o familiares que se asocien a una empresa que supla la institución que dirigen.

Dijo que también se prevé castigar los sobornos,  tanto a quien soborna como quien recibe un pago o bien por facilitar un proceso administrativo estatal.

En ese punto, Valentín favorece que el corrupto debe  sancionarse más severamente, porque  ese funcionario se le ha dado la responsabilidad de administrar bienes comunes. 

Las claves

1.  Más control 

Valentín es partidario de que los funcionarios tengan más control en sus ejecuciones, al recordar que su designación le confiere cierto estatus frente a la mayoría, pero que no están obligados a tomar ese cargo.

2.  Contratistas

Criticó también que haya funcionarios o familiares que se asocien a empresas suplidoras en las dependencias que dirigen, lo que crea conflicto de intereses.