El Nacional del primero del cursante mes y La Información del siguiente día, edificaron pormenores conectados con las truculencias de mafias enquistadas en promover grupos turísticos que pagan impuestos de US$3 mil por cada contrato, que los gestores no depositan en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La denuncia proviene del abogado Ángel Locward, que interpuso una Instancia de Acción de Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), emplazando a Hacienda y a DGII a cobrar impuestos de venta de contratos por US$23.4 millones o RD$l,l50 millones, que podrían ser más.
La nota de El Nacional señala los nombres de nueve razones sociales involucradas en el supuesto desfalco al fisco, indicando que todos han sido notificados por conducto de nuestra Cancillería.
Esas empresas operan en el país y percibiendo ingresos, no están acreditadas con su debido RNC para fines tributarios, y en consecuencia, no están autorizadas como agentes de retención de impuestos, y por consiguiente, exentos, creen, de tributación, revelación de una doble perjudicial practica que lesiona al fisco.
En el conjunto de la pieza jurídica, Locward involucra al ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, por renovar permisos a la sociedad LHVC, no obstante conocer quejas del proceder incorrecto de esa razón social.
Con propósito de explicar los pormenores de esas mafias e inconductas de jueces corruptos, solicité cita al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, sin obtener respuesta, haciendo caso omiso de un ciudadano y comunicador que le animaba conversar, que ahora expongo aquí, conforme mi respuesta ante la displicencia y altanería de funcionarios cuyos emolumentos pagamos los contribuyentes.
Pero así es este paisaje que nos empeñamos en llamar país.