En España se ha generado una crisis inmobiliaria, con déficit y carestía de los alquileres de viviendas para uso de los residentes permanentes, que ahora, tardíamente. el Gobierno español trata de enfrentar.

Uno de los factores que han contribuido a esta crisis es el rápido y desordenado crecimiento de las viviendas turísticas, ofertadas a través de plataformas digitales e incentivadas por las condiciones ventajosas en que operan los inversionistas en ese mercado respecto a las condiciones impuestas al sector regulado: inversionistas en hoteles y en viviendas para uso de los residentes permanentes en las ciudades españolas. El resultado ha sido que en España “sobran Airbnb y faltan viviendas”, según dijo el presidente Pedro Sánchez el lunes, mientras presentaba medidas nuevas para ayudar a los inquilinos y a los que buscan casa.

Publicaciones dan cuenta de que el número de viviendas turísticas en España comercializadas a través de las tres principales plataformas (Airbnb, Booking.com y Vrbo/Expedia) alcanzaban a febrero de 2024 un total de 351.389 viviendas turísticas, que suman 1,75 millones de camas.

En el mercado dominicano el problema todavía no tiene las implicaciones que está teniendo en España, pero podríamos llegar a una situación parecida si no se actúa a tiempo para igual las reglas de juego entre los diferentes actores del mercado. Se habla de que ya en el país hay 126,416 habitaciones de proyectos en plataformas digitales llevados por individuos y no por empresas formales mientras que las habitaciones hoteleras no llegan a las 90,000.

El problema no es sólo la competencia desleal generada en el mercado en perjuicio de la industria hotelera, que es regulada, por parte de las empresas no reguladas que invierten en habitaciones para ser ofertadas a través de plataformas digitales sin regulación que asegure a los usuarios la calidad del servicio ofertado, sino que perjudica al fisco y también a los residentes locales que ven alejarse de su alcance el acceso a la vivienda.

Es por eso que el presidente español considere que “no es justo que quienes tienen tres, cuatro o cinco departamentos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores”, por lo que ha planteado varias medidas para enfrentar el problema, de cuyos aciertos o desaciertos no nos ocupamos ahora.

Entre las medidas propuestas por Sánchez están un impuesto del 100% a las propiedades que adquieran personas que no residen en la Unión Europea, una exención fiscal del 100% para propietarios que alquilen según los montos sugeridos por el Ministerio de Vivienda, asignar unos 2 millones de metros cuadrados de terreno residencial a una agencia pública recién creada para la construcción de vivienda social. No esperemos tanto como España para tratar de poner orden en el mercado de viviendas turísticas.