Pro-Competencia y el Congreso Nacional han abierto un canal de comunicación para evitar que en proyectos de leyes que cursan en el Congreso se incluyan cláusulas que perjudiquen la libre competencia.

De hecho, ya para el conocimiento del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal, Pro-Competencia presentó, a principios de este mes, un informe de posición a la Comisión Bicameral del Congreso que analiza el proyecto de modificación del Código Penal Dominicano, explicando que los artículos 419 y 420 del Código Penal actual tipifican como delitos los actos que procuren falsear los precios resultantes del libre mercado mediante maniobras ilegítimas o “artificios”, tanto en relación a la fijación de precios como el desabastecimiento intencional de bienes y servicios en el mercado.

El proyecto de reforma discutido en el Congreso excluye esos dos textos legales, por lo que Pro-Competencia recomendó su inclusión y actualización para fortalecer el marco legal de protección y defensa de la libre competencia.

También Pro-Competencia remitió informe sobre una Normativa Técnica del Servicio de Transporte de Taxis (específicamente caso Uber) sometida a consulta pública por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

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Pro-Competencia

En torno a ese proyecto, Pro-Competencia recomendó en el paísque en vez de considerar una cantidad de “300 habitantes por cada unidad de taxi” para limitar la cantidad de licencias de operación de transporte de taxi, se tomaran en cuenta valores de referencia los actuales del mercado y posibles aumentos futuros en el uso del servicio.

En ese sentido, Pro-Competencia advirtió que sujetar el número de licencias de taxis a un límite cuantitativo, estableciendo un número máximo, reduciría las condiciones de rivalidad en el mercado y limitaría el ejercicio del derecho a la libre empresa y competencia, distorsionando gravemente la libre competencia.

Igualmente, Pro-Competencia ha hecho algunas observaciones técnicas al anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas y a la Ley de Telecomunicaciones.

Respecto al anteproyecto de Contrataciones Públicas, Pro Competencia recomendó fortalecer el nivel de transparencia de los procesos de contrataciones públicas y esclarecer el procedimiento a seguir cuando se detecten indicios de prácticas colusorias en dichos procesos, para que sean notificados a la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, para su investigación en el marco de la Ley 42-08.

Los detalles sobre esos informes fueron ofrecidos por la presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, y la directora ejecutiva de esa institución,Merielin Almonte, al participar como invitadas en el Encuentro Económico de HOY.

La presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia reveló que recientemente sostuvo una reunión con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, para que se mantenga un canal abierto para evitar que en los proyectos de ley que se introduzcan al cuerpo legislativo se incluyan artículos que afecten la libre competencia, la que consideró clave para el desarrollo del país.