La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) tiene la facultad de sancionar a las empresas grandes que constituyen empresas pequeñas y medianas para participar en las licitaciones del sector público, una situación que ha sido denunciada a los medios de comunicación por representantes de las Pyme.

Michelle Cohén, presidenta del Consejo Directivo de Pro Competencia, resaltó que la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia también permitirá que se defienda a las pequeñas y medianas empresas en competencia con las grandes en las licitaciones públicas.

Agregó que la ley tiene la figura de abogacía de la competencia, que se refiere a la promoción a lo interno del Estado para que se evite la colusión o el acuerdo que se da entre las empresas para establecer los precios y cantidades que presentarán en las licitaciones públicas.

Destacó que la colusión en las licitaciones públicas es un acto de competencia desleal que es peligroso para el Estado y el mercado de bienes y servicios y llevaría a la desaparición de las Pyme dominicanas.

Cohén dijo que este problema está siendo debatido y estudiado por otros países porque se ha incrementado en los últimos años.

Michelle Cohén ofreció estos detalles durante un encuentro-conversatorio con los expertos peruanos sobre el tema Abelardo Aramayo, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del Perú; Hugo Figari, jefe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, y la ingeniera Judith Blanco, oficial de Seguridad de la Información.

En la actividad, Cohén resaltó que el diseño institucional de Pro Competencia minimiza o elimina que sus funciones sean interferidas con actos de corrupción o que la política interfiera en sus acciones, y además cuenta con un órgano judicial interno.