LA PAZ (AP) _ El gobierno del presidente Evo Morales parece atravesar por un difícil momento por acusaciones de corrupción contra cercanos colaboradores, en medio de versiones que hablan de pugnas en algunos ministerios y pedidos de cambio de ministros.

Morales salió el viernes al paso de las denuncias de la oposición sobre casos de corrupción en la suscripción de contratos en el marco del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que hoy se encuentra casi detenido y es motivo de fricciones con Brasil, el principal comprador del gas boliviano.

El mandatario, en un descanso en una reunión de dos días con ministros y dirigentes del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para analizar el relanzamiento de su gobierno, insistió ante la prensa en que el trance es producto de una «conspiración’’ de «agentes internos y externos’’.

«Hay una conspiración de intereses internos y externos a la nacionalización.. . Hay algunos agentes de los anteriores gobiernos que no dejan desarrollar las actividades del gobierno’’, denunció Morales.

Reconoció que «hay problemas internos que se desarrollaron en cada Ministerio’’, entre ellos el de Obras Públicas, cuyo titular Salvador Ric, ha pedido la renuncia de dos de sus inmediatos colaboradores por entorpecer sus tareas.

Sobre los presuntos casos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal encargada de ejecutar la nacionalización, Morales señaló: «Yo tengo mi propia evaluación interna, no encuentro que (Jorge) Alvarado esté implicado en temas de corrupción’’.

Se refirió así al presidente de la compañía, a quien la oposición acusa de firmar un contrato de venta de petróleo que pudo haber ocasionado 38,5 millones de dólares de pérdida para el estado.

Al respecto, el senador Wálter Guiteras, del principal partido opositor Podemos, manifestó temor porque el caso se haya «incorporado en el pensamiento y en el sentimiento de la gente como un acto de protección y encubrimiento al presidente de YPFB’’.

«Ojalá mi afirmación esté equivocada, pero todos los hechos demuestran que el señor Jorge Alvarado ha cometido actos tipificados como actos de corrupción’’. «Preguntamos, ¨por qué ese acto de protección y de encubrimiento?, preguntamos, señor presidente, ¨por qué?’’, añadió.

Horas antes, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, había acusado a la brasileña Petrobras de buscar fondos para frenar la nacionalización. La molestia de la petrolera por ese proceso lanzado por Morales en mayo, ha motivado que congele las multimillonarias inversiones que preparaba en Bolivia y que señalara que no está dispuesta a pagar más por el gas boliviano.

En tanto, la oposición, que ha iniciado una interpelación en el Congreso a Soliz por los supuestos casos de corrupción —que no apunta directamente a él— y la virtual parálisis de la nacionalización, amenaza con censurarlo en el Senado.

La censura es casi un pedido de renuncia. Pero Morales defiende al funcionario, lo mismo que a Alvarado y al principal asesor YPFB, Manuel Morales, a quien la opositora Unidad Nacional (UN) acusa de haber favorecido a su padre y alto dirigente oficialista, Manuel Morales Dávila, con un contrato por el equivalente a 310.000 dólares.

El jefe del bloque de diputados de UN, Peter Maldonado, dijo que si Morales no despide a los sindicados corre el riesgo de aparecer como «cómplice’’ de ellos.

El mandatario también enfrentó el miércoles, por primera vez, abucheos sonoros cuando llegó al centro de Bolivia para participar en una fiesta católica, cuando algunos de los presentes le gritaban «ateo’’, por los intentos de su gobierno de abolir la enseñanza religiosa.