Bolivia . — Evo Morales enfrenta la mayor crisis social en más de una década en el poder tras el asesinato de un viceministro a manos del poderoso sector de los mineros artesanales, que exigen asociarse con privados para hacer frente a la caída en los precios de los metales.

El mandatario boliviano calificó de «conspiración política» el secuestro y asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes ocurrido la víspera en la localidad de Panduro, 130 kilómetros al sur de La Paz, adonde el funcionario había acudido para intentar dialogar con los mineros tras tres días de cortes de carreteras que dejaron dos manifestantes muertos en choques con la policía.

«Esta es una conspiración política, no una reivindicación social», dijo Morales en rueda de prensa. «Los opositores respaldan» la demanda de los mineros. «El fallecimiento del hermano viceministro es una actitud cobarde… fue secuestrado, torturado y asesinado», agregó el mandatario.

Los miles de mineros movilizados producen principalmente zinc, estaño, plata, concentrados de plomo y oro en cooperativas que ellos mismos administran con precaria tecnología y reducido capital. Suman más de 100.000 en todo el país y son muy influyentes por su gran poder de movilización y generación de empleo.

Tras las declaraciones de Morales uno de los principales líderes de la oposición, el empresario Samuel Doria Medina, rechazó las insinuaciones y dijo que el gobierno debería buscar la paz. «Los precios de los minerales han bajado y los costos de producción incrementaron, ese el origen de la protesta», dijo.

Por su parte el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), líder de la tercera fuerza política, sostuvo que «haría bien que Morales sea autocrítico y deje de lado falsas teorías de conspiración y de culpar a la derecha y a los medios de comunicación cuando el trasfondo de estas protestas es la crisis».

Illanes fue secuestrado el jueves por la mañana en Panduro por mineros enardecidos tras la muerte de dos manifestantes el miércoles en choques con la policía. Según la autopsia el funcionario falleció por un traumatismo cerebral y torácico.

Era abogado y profesor universitario. Su cuerpo fue abandonado a un lado de la carretera y su automóvil incendiado. Su chofer pudo escapar de los manifestantes.

Los mineros artesanales, asociados en cooperativas que ellos mismos administran, exigen al gobierno que les permita asociarse con capitales privados, reclaman acceso a nuevos yacimientos, se oponen a la sindicalización de la actividad y piden subsidios en la electricidad para hacer frente a la crisis en el sector.

Las cooperativas mineras gozan de ventajas tributarias y laborales y son consideradas por ley entidades no lucrativas, pese a que durante el auge de precios que finalizó en 2012 decenas acumularon riqueza.

Fueron organizadas en la década de 1980 para contrarrestar el desempleo tras el cierre de las minas estatales, pero con el tiempo se convirtieron en empresas rentables pese a que trabajan con capital reducido, tecnología precaria y en yacimientos que el Estado dejó de operar.

Mientras duró el auge de los precios los mineros artesanales fueron aliados del presidente Morales y lograron escaños en el Poder Legislativo, dominado por el gobernante Movimiento al Socialismo.

Pero la negativa del gobierno a permitir que se asocien con capitales privados los ha puesto en pie de guerra.

Morales enfrenta una creciente agitación social desde principios de año cuando la desaceleración comenzó a golpear a una economía basada en la exportación de gas natural y minerales, que representan poco más de 70% de las ventas al exterior. Los ingresos por exportaciones se han reducido en un tercio en el primer semestre.

El mes pasado el gobierno afrontó protestas de la Central Obrera Boliviana tras el cierre de una fábrica estatal de textiles que dejó cesantes a más 800 personas y antes había tenido que sortear una larga protesta de discapacitados que reclamaban un aumento en sus subsidios estatales.

Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros que tenían como arma de la lucha la toma de carreteras, ha culpado de las protestas a la dividida y débil oposición política, a la que acusa de alentar una supuesta conspiración en su contra.

Según los analistas la fortaleza política de Morales se ha visto mermada por las denuncias de corrupción que ensombrecen a su gobierno. En febrero el mandatario sufrió su primera derrota en las urnas en un referendo sobre una eventual cuarta postulación a la presidencia después de que se hicieran públicas denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito que lo comprometen a él y a una antigua pareja.

Las carreteras amanecieron despejadas el viernes según el ministro de Trabajo Gonzalo Trigoso. Los dirigentes mineros se replegaron a sus campamentos y no respondieron las llamadas de la prensa. En tanto, siete dirigentes mineros fueron detenidos por la policía en un allanamiento en sus oficinas.

La estabilidad económica ha sido la mayor fortaleza de Morales. A pesar de la caída de ingresos, se estima que el producto interno bruto del país crecerá 3,9%, la tasa más alta de Sudamérica.

No hay antecedentes recientes de funcionarios de gobierno ejecutados por manifestantes. El último caso ocurrió en 1946 cuando el entonces presidente Gualberto Villarroel fue colgado por una turba frente a la casa de gobierno.