LA PAZ (AFP).- La presión social puso contra las cuerdas al presidente boliviano Evo Morales, quien en menos de 72 horas revisó sus políticas para atender los reclamos violentos de mineros opuestos a una alza tributaria y de una organización civil que exigía mayores beneficios de las ventas de gas.

El lunes, Morales cedió ante las demandas de un comité cívico de la sureña población de Camiri que cerró la vía que comunica Bolivia con Argentina durante una semana en demanda de la instalación en esa localidad de una estratégica gerencia de exploración y explotación de hidrocarburos de la empresa estatal de petróleos YPFB.

El gobierno finalmente cedió este lunes después de que pobladores de Camiri tomaran por la fuerza una planta de bombeo y presuntamente forzaran a los empleados de la filial de la anglo-holandesa Shell a cerrar las válvulas y cortar el suministro de carburantes a cuatro distritos bolivianos.

Dos días más tarde el gobernante izquierdista volvió a ceder frente a las protestas, también violentas, de entre 10.000 y 15.000 mineros autónomos que se tomaron La Paz en oposición a un plan para elevar los impuestos a la minería privada en Bolivia.

Luego de que los trabajadores del subsuelo marcharan sobre La Paz -donde hicieron explotar fulminantes de dinamita, se enfrentaron con transeúntes y con la Policía e intentaran asaltar la Plaza de Armas que cobija el presidencial Palacio Quemado-, Morales tomó en persona las riendas de la difícil negociación.

Tras seis horas de conversación con los mineros privados, el mandatario revolvió eximir a los manifestantes de su política impositiva.

“Las cooperativas mineras le doblan el brazo a Evo”, rotuló este jueves el influyente diario paceño La Prensa, que refleja la sensación de lo ocurrido en esta negociación.

Cuando a finales de año pasado Morales postuló un aumento impositivo para la minería se amparó en la necesidad del Estado de recaudar 300 millones de dólares en 2007, contra los 58 millones que recibió el año anterior en tributos por parte de un sector que hizo exportaciones por 1.000 millones de dólares.

En su reunión del miércoles Morales aceptó revertir el tributo y propuso reactivar la minería cooperativa en Bolivia con un fondo de 10 millones de dólares. También habló de la “democratización del sistema impositivo bajo el principio de progresividad: el que más gana, más paga”.

La Cámara de Minería de Bolivia, que reúne a empresas privadas, le tomó ya mismo la palabra y este jueves le pidió una entrevista para establecer el trato tributario que recibirá.

Una decena de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, operan en Bolivia desde la década pasada bajo una legislación que Morales se propone revisar, en sintonía con su política de reestatización de las empresas públicas privatizadas en la década de los 90.

El rédito evidente de sus concesiones a mineros y dirigentes de Camiri era político, pues los primeros, 64.000 en todo el país, “vuelven a aliarse con Evo”, reseñó La Razón.

El Presidente agradeció a la mineros “por entendernos” y por evitar “problemas, todo por nuestro pueblo, por nuestra familia grande que es Bolivia y por los sectores” sociales carenciados.

Las relaciones entre los mineros privados y el presidente eran distantes desde octubre, luego de que éstos y trabajadores del Estado se disputaran a tiros y dinamita un yacimiento de estaño en  sureño Huanuni, con un saldo de 16 muertos y casi 100 heridos.

“Entre diciembre del año pasado y lo que va de febrero de 2007, el gobierno de Evo Morales atraviesa por el período más difícil de su gestión, caracterizado por una intensificación de demandas y movilizaciones que lo vienen obligando a retroceder y readecuar algunas decisiones vinculadas”, opinó el analista opositor José Pinto.