LA PAZ (AP) — El gobierno del presidente Evo Morales y los prefectos (gobernadores) opositores manifestaron ayer esperanzas en que el diálogo que iniciaron en la víspera concluya con un pacto nacional la próxima semana, para superar la crisis política derivada del proceso de reforma constitucional.

  El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, se declaró “optimista” a la AP tras la primera reunión y agradeció a Morales por mostrarse dispuesto a atender los pedidos de pacificación, tras episodios de violencia política que dejaron varias víctimas.  Ambas partes coincidieron en que en el diálogo se acordó que no está en cuestión la unidad del país, ante iniciales denuncias del gobierno de que las autonomías departamentales que buscan varios prefectos atenta con ella, y respetar la democracia y las leyes en todo momento. 

Los prefectos también reclamaron que se dé marcha atrás en la aprobación de la nueva Constitución y se anulen decenas de puntos, que en su criterio promueven la confrontación y el racismo, al dar privilegios a la población indígena.

 “Ojalá que se mantenga la palabra del presidente y el lunes podamos concretar este acuerdo”, dijo Paredes al señalar que durante las 11 horas en que los prefectos estuvieron con Morales se avanzó en un “preacuerdo” que aún debe ser ratificado tras reuniones de técnicos de ambos lados. 

A su vez, el vocero de la presidencia, Alex Contreras, indicó que “la posición del presidente es una sola y la va a mantener”.  “A nosotros nos parece fundamental el primer gran paso que se ha logrado dar”, dijo a la televisora Bolivisión. 

La crisis se agudizó en diciembre, cuando la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente aprobó una Constitución sin consenso con la oposición, que en criterio de esta es la que pone en riesgo la unidad del país al crear 36 autonomías indígenas con gobierno y territorio, dentro de los departamentos. 

Durante la reunión, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, había acusado al gobierno de promoverlas para inviabilizar las autonomías aprobadas por cuatro departamentos en el referéndum de 2006, cuyos resultados debían ser inscritos en la Constitución por la Asamblea.

 En respuesta a esa Constitución, que aún debe ser sometida a dos referendos, asambleas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija aprobaron el 15 de diciembre sus estatutos autonómicos, que aún deben ser sometidos a referendos departamentales. 

Morales dijo entonces que los estatutos eran ilegales, buscaban la secesión y había que echarlos al “tacho (basurero)”.

 Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en un encuentro con la prensa posterior a la reunión, informó que los prefectos están de acuerdo con una renta de 300 dólares anuales para los mayores de 60 años, pero esa información no fue ratificada por los gobernadores. 

Paredes dijo que el tema será motivo de discusiones técnicas entre expertos de ambas partes desde hoy,  miércoles.