POR TANIA HIDALGO
El ex presidente del Banco Mercantil, Andrés Aybar, quedó preso ayer en la tarde en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por disposición del fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en cumplimiento a una decisión del juez del Tercer Juzgado Liquidador, Eduardo Sánchez Ortiz.

El banquero se presentó de manera voluntaria a la fiscalía en compañía de su abogado Marino Elsevif, luego de recibir una llamada telefónica de Hernández Peguero, informándole que debía cumplir con el mandamiento de prisión provisional emitida en su contra, siendo conducido de inmediato a la cárcel, ubicada en la cuarta planta del edificio.

El abogado, al ser consultado sobre la medida, la calificó de «ridícula, mendaz y contraria al debido proceso».

Manifestó que el recurso de apelación interpuesto por Aybar en contra de la decisión deja sin efecto la prisión preventiva dictada por el juez, sin embargo, en una interpretación contraria al artículo 47 de la Constitución que establece que el que está preso o subjudice se beneficia de la ley que más le sea ventajosa.

No obstante, el fiscal Hernández Peguero sostuvo que de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia esa decisión no es apelable y que en razón de ello procedió a ordenar el apresamiento de Aybar.

Añadió, además, que el ministerio público apeló ayer formalmente la decisión del juez de favorecer con auto de no ha lugar a doce de los implicados, así como a la calificación de bancarrota fraudulenta dada a la imputación.

Al ofrecer detalles del apresamiento, Elsevif manifestó que en la tarde de ayer el fiscal se comunicó por teléfono con su cliente «y le informó que iba a dar cumplimiento a la sentencia del juez Sánchez Ortiz, bajo esas circunstancias entendimos que era mejor presentarnos ante él y evitar cualquier tipo de interpretación en el sentido de que no se quiere cumplir con el debido proceso, siendo dejado preso de inmediato cerca de la 2:30».

«Con el nuevo Código ya encontramos algunas de las cosas que no son ningún tipo de bondades, sino una restricción al carácter devolutivo y suspensivo del recurso de apelación, que es un principio constitucional y una garantía del procesado en virtud del doble grado de jurisdicción», señaló.

Advirtió que bajo ese precepto él y un grupo de abogados de la defensa de Aybar podrían querellarse en los próximos días contra el fiscal por ejecutar una decisión contraria al debido proceso.

Asimismo, dijo que estudiarán la posibilidad de interponer un recurso de habeas corpus o en última instancia recurrirán a la Corte Internacional de Justicia o al Tribunal Penal Internacional, «ya que al parecer en este país no hay garantías para el procesado».

«Es una aberración la prisión preventiva y esta sanción anticipada, luego de haberse comprobado que mi cliente no falsificó, no abuso de la confianza, ni se constituyó en asociación de malhechores…, en fin de todas las acusaciones infames de que fue objeto al principio de la acusación», indicó.

Insistió en señalar que el apresamiento de su defendido es huérfana de todo derecho y contraria a las garantías constitucionales del procesado.

«Es una prisión antojadiza, vulgar, arbitraria y una verdadera felonía en contra del debido proceso de ley», precisó.

Asimismo, dijo que esa actitud no es más que una vendetta política de grupos y anarquistas que controlan el aparato del Estado y sobretodo que controlan los medios fácticos del poder.

Se preguntó quién se estará vengando de Aybar por encima de la ley.

La semana pasada, el juez del Tercer Juzgado Liquidador del Séptimo Juzgado, Eduardo Sánchez Ortiz, dictó mandamiento de prisión provisional contra el ex presidente del Banco Mercantil, en perjuicio de quien dispuso además el envío por ante un tribunal criminal junto a la vicepresidenta de Finanzas de la entidad bancaria Evelyn Altagracia Pérez Montandón, por existir indicios serios y precisos que comprometen su responsabilidad penal en la acusación.

De inmediato, el procurador general Francisco Domínguez Brito manifestó que esa decisión constituye una nota discordante con el esfuerzo que hace la judicatura para impedir que prevalezca la impunidad en la República Dominicana y que la apelaría.

En tanto, el juez favoreció con un auto de no ha lugar a Rafael Maximiliano Moya Hernández, Ronaldo Rafael Pichardo Lafontaine, Maribel Álvarez, Denise Altagracia Cañal Roldan, América Lissette Rodríguez Cáceres, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, Ramón Aref Henríquez Risk, José Manuel Mateo Contreras y Mirta Salazar de Luna.

Asimismo, declaró sin efecto jurídico, con todas sus consecuencias, los requerimientos introductivos suplementarios a cargo de los señores Rafael Faxas-Flores Hernández, Juan Rafael Oller Santoni y Juan Reyes Maríñez.

El grupo de ex ejecutivos del banco había sido sometido a la justicia, luego de una querella presentada por las autoridades pasadas del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, por presunta falsificación de documentos, estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio del banco Mercantil por un monto de RD$6,500 millones.

El juez indicó que procede ordenar mandamiento de prisión provisional contra Aybar Báez, ya que durante la instrucción preparatoria hubo que dictar mandamiento de conducencia, por su incomparecencia a diversos requerimientos, según consta en el expediente.

En ese sentido, añadió que le está permitido al juez imponer el estado restrictivo de libertad, como una medida cautelar, por existir presunción de fuga o sustracción a los actos del procedimiento.

En uno de sus considerando, el magistrado dice entender que Aybar Báez y Evelyn Pérez eran los que tenían el dominio de la institución y controlaban el sistema, ya que los demás funcionarios debían de contar en el día a día, con sus respectivas autorizaciones, por lo que no se les puede imputar a los demás ex funcionarios los hechos a su cargo, sino que le corresponden la calidad de testigos.