SAN JUAN (EFE).- El ex cónsul de la República Dominicana en Ponce, Héctor Castillo, exigió ayer al presidente de su País, Hipólito Mejía, y a los demás funcionarios de su gobierno, que investiguen la presunta alteración de unas facturas emitidas el 2 de febrero por su oficina.

También exigió que se fijen responsabilidades a los presuntos autores de alterar esos documentos en el Consulado de la República Dominicana en San Juan.

La petición de Castillo surge luego de que presuntamente se le vinculara con el envío al puerto de Arroyo Barril, en Samaná (noreste de la República Dominicana), de desechos tóxicos procedentes de Puerto Rico.

La semana pasada, ambientalistas y técnicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Academia de Ciencias advirtieron de la toxicidad de los desechos depositados en la zona por una barcaza procedente de Puerto Rico.

Según los especialistas, que analizaron muestras del material descargado en el muelle de Arroyo Barril en Samaná, ese desperdicio «es tóxico y peligroso para la salud y el medio ambiente».

Sin embargo, días después, el subsecretario de Estado de Gestión Ambiental, René Ledesma, afirmó que «el material no contiene metales pesados en concentraciones que puedan resultar arriesgadas para la salud humana o el ambiente».

Por su parte, la cónsul de la República Dominicana en San Juan, Fantina Sosa, dijo a EFE que la denuncia de Castillo la tomó «por sorpresa» porque éste nunca se había comunicado con ella. Aclaró que las denuncias serán investigadas.

Castillo aceptó hoy en una conferencia de prensa que el pasado 2 de febrero autorizó a la planta generadora de energía eléctrica AES, localizada en Guayama, a llevar a Samaná el producto de sus operaciones en la Isla, que es «agregado manufacturado» y «resultado (cenizas) de la combustión del carbón y carbonato de calcio, luego mezclados con agua».

Sin embargo, denunció, que luego de ese día se han enviado otras siete barcazas, pero con la autorización del Consulado de San Juan, ya que las facturas han sido firmadas por la vicecónsul, Clara Reynoso.

Sobre este punto, Sosa negó que se hayan procesado siete envíos y argumentó que en consulado en San Juan hay dos facturas, una del 5 de marzo y otra del 15 de marzo, firmadas por Reynoso, de dos barcazas que fueron enviadas a Samaná.

Pero aclaró que una tercera factura, fechada el 23 de marzo, esta «aguantada» luego que se hicieran las denuncias de los presuntos materiales tóxicos.

De otro lado, Castillo, que además es el coordinador alterno del comando de la Campaña de Hipólito 2004, alegó que nunca tuvo conocimiento de que se estaba enviando material tóxico a su país.

Aclaró que cuando le solicitó al senador de Samaná, Ramiro Espino, copia del expediente de los envíos, notó que en la sede consular de San Juan «mutilaron información y cambiaron los números de las facturas a mano, con borrones».

Además, «usaban la misma información del consulado de Ponce, que ya estaba cerrado, para despachar los barcos desde San Juan».

Castillo cuestionó por qué cuando envió los primeros dos embarques a la República Dominicana, no se habló de desechos tóxicos y es después del 15 de marzo que se hace la denuncia.

Sin embargo, aceptó que no puede asegurar que los primeros envíos contenían desechos tóxicos o no, porque «no hay personal suficiente para investigar qué se transporta en cada barco».

En torno a este particular, la Cónsul Sosa dijo que tiene copia de las facturas que presuntamente fueron alteradas, y que la semana entrante emitirá una opinión sobre las mismas.

Dijo que «llamé (a Castillo) y le dije que me extrañaba que como Cónsul no me hubiese presentado antes esos documentos, la primera extrañada ha sido yo; pero, la semana que viene haré un informe. Ahora, lo que si quiero dejar claro es que el gobierno dominicano tiene todos los documentos relacionados a este asunto».