Buenos Aires.  EFE.  Los exdictadores argentinos Jorge Videla y Reynaldo Bignone volvieron a sentarse ayer en el banquillo de los acusados, esta vez en un histórico proceso que, por primera vez, indaga en un plan sistemático para apropiarse de los bebés de las embarazadas detenidas durante la dictadura militar.   Videla y Bignone están imputados junto a otros seis represores, el general retirado Santiago Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge “Tigre” Acosta, el exprefecto Jorge Azic, el exmarino Rubén Franco y el exmédico José Luis Magnacco.

Catorce años después de que las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaran esta causa, el Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires abrió hoy el juicio por la “sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años».   Los acusados, que accedieron al recinto esposados y no escatimaron sonrisas ni saludos a sus familiares repartidos entre el público, escucharon impertérritos los cargos que se leyeron en la primera jornada del proceso.   En su requerimiento el fiscal aseguró que hay pruebas   para asegurar que existió un plan  de apropiación, ocultamiento y sustitución de identidad de bebés.

Las claves

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Durante diez meses los tres magistrados del tribunal, que escucharán a más de 370 testigos, juzgarán 34 casos de robos de bebés a mujeres que, en su mayoría, dieron a luz en los centros de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, la guarnición militar de Campo de Mayo y el denominado Pozo de Banfield, en el conurbano bonaerense. Decenas de activistas pro-derechos humanos coincidieron   en   la importancia del juicio.