El ex-fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, depositó ante el Senado de la República un anteproyecto de ley que procura facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y familia víctimas de violencia o en conflicto y eficientizar la Orden de Protección.

En visita a Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado, Hernández Peguero hizo entrega de una misiva y del anteproyecto de ley que atribuye competencia a los jueces de paz del conocimiento de los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar fundamentado en la cercanía de dichos tribunales con la población, sus procedimientos sencillos y rápidos y su disminuida carga judicial.

«Las mujeres de los campos y barrios tendrán acceso rápido a la justicia a través de los 164 jueces de paz diseminados en el país y solicitarles una Orden de Protección que aleje el agresor, a diferencia de lo que actualmente sucede cuando sólo 35 jueces de la instrucción en el país, localizados en los municipios cabeceras de las provincias, atienden sus peticiones» precisó.

Explicó que el anteproyecto de ley incluye la creación de un «Fondo de Asistencia a las Mujeres y Familia Victimas de violencia», bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la violencia contra la mujer, sustentado por las multas impuestas a los agresores, que oscilaran entre mil y cien mil pesos.

El anteproyecto de ley introduce modificaciones a la Orden de Protección al facultar al juez de paz suspender las licencias de porte y tenencia de arma de fuego del agresor y su incautación, fallar sobre la manutención y el régimen de visitas a los hijos comunes menores de edad, obligarlo a pagar los servicios médicos a los cuales tenga que acudir la víctima y un régimen de publicidad que incluye el levantamiento de una ficha en los antecedentes judiciales, la publicación en un mural del tribunal y la supervisión de su cumplimiento por el ministerio público.

Hernández Peguero expuso que su propuesta incluye que un Trabajador Social y un Terapista Familiar asistan al fiscalizador ante el juzgado de paz, con la finalidad de orientar y educar a las personas en conflicto a lograr su solución pacífica y a la vez contribuyan a modificar los patrones negativos y violentos de sus conductas.

La propuesta estipula condena de cinco años de prisión al agresor para posibilitar la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento penal abreviado, soluciones alternativas del proceso, condicionadas al cumplimiento de la Orden de Protección, pago de la multa mínima, asistencia del agresor a rehabilitación conductual e indemnizar a la víctima.