El ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, se pronunció a favor de que se defina una política a gran escala contra la criminalidad y el narcotráfico en la que participen en armonía todos los poderes.

Consideró que no es suficiente con detener a delincuentes y narcotraficantes, “porque un capo sustituye a otro, sino definir una política en gran escala” para combatir esos flagelos.

“El país tiene que establecer como prioridad la seguridad nacional. Tenemos que entender que tenemos grandes adversarios comprando voluntades”, expresó el ex fiscal.

Hernández Peguero dijo que seis años después del la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aun la Policía Nacional no es un órgano especializado en investigación, por lo que aun no se ha ajustado a la nueva realidad procesal del país.

Manifestó que aunque en sus estamentos altos pueden haber oficiales preparados como investigadores, se necesita que la Policía, de arriba hasta abajo, se transforme en un cuerpo investigador.

No obstante, el ex fiscal aclaró que “una política criminal no puede circunscribirse a arreglar la Policía y las Fuerzas Armadas.

Entrevistado en el matutino El Bulevar con Pablo McKinney, Hernández Peguero admitió que la Procuraduría General de la República “ha delineado una política criminal, lo que falta es que los demás organismos del gobierno la acepten”.

Citó el caso del Ministerio del Interior, que a su juicio contradice la política definida por el Ministerio Público en materia de porte y tenencia de armas, porque otorga licencias por el simple pago de impuestos.

 Hernández Peguero consideró que el presidente Leonel Fernández y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, han perfilado una política de combate al crimen, pero en determinados funcionarios hay resistencia a perder facultades.

“Esto refleja cierto desorden en el manejo de la administración pública. Los mandos no aceptan que se le despoje de ciertas actividades que por costumbre han adoptado”, estimó el ex fiscal.

Destacó que el presidente Fernández provee recursos al Ministerio Público y no interfiere en los procesos judiciales, lo que a su juicio es indicador de que quiere fortalecer una política anticrimen.

Consideró que hay que tomar en cuenta que hay una realidad diferente, con un narcotráfico avasallante, una criminalidad global que se apropia de recursos tecnológicos para cambios de identidad, entre otras acciones.

Dijo que la información que da cuenta de que han sido separados de la Policía más de 800 agentes refleja la falta de gerencia.

“No soy partidario de la simple expulsión de la Policía”, dijo Hernández Peguero, quien señaló que durante su gestión como fiscal creó una unidad de investigación de cada denuncia contra actuaciones de la Policía porque la ley manda a investigar.

“La ley establece que todo acto delictuoso debe ser investigado. Un intercambio de disparos debe ser investigado y si se cierra el caso, debe ser con un dictamen”, apuntó.

Pidió a los legisladores que tomen la iniciativa de llenar el vacío en materia de sicariato y otros delitos modernos, porque el Código Penal tiene 150 años y es tiempo de que el país disponga de herramientas para combatir estas nuevas modalidades de crimen.

Atención a huérfanos por feminicidios

Se pronunció, asimismo, porque se ejecute el proyecto “Hijos de Todos”, que dejó en carpeta a su salida de la Fiscalía del Distrito Nacional, para garantizar atención a los niños que quedan huérfanos porque sus madres han sido asesinadas por sus parejas.

Estimó en no menos de 500 niños que quedan huérfanos por los feminicidios cada año “y en eso no se está haciendo nada”.

Hernández Peguero explicó que el proyecto está concebido para que unan sus esfuerzos el Ministerio Público, Educación, Salud Pública, Solidaridad, Conani y el Despacho de la Primera Dama, para que estos niños puedan disponer de educación segura, atención médica y afecto luego de perder a su madre.

Tribunal Constitucional

Con relación al Tribunal Constitucional, el jurista señala que hay un consenso en que el poder constitucional puede revisar las decisiones de la justicia.

“No puede estar en discusión de que la última palabra en materia de constitucionalidad está definida en el Tribunal Constitucional”, afirmó Hernández Peguero.

Empero, dijo que le preocupa que en virtud de que las decisiones del Tribunal Constitucional se toman por una mayoría no menor de nueve jueces como lo definió la Constitución, esto podría provocar un gran cúmulo de expedientes.

Adelantó que cuando los ciudadanos conozcan todos los derechos consagrados en la nueva Constitución, el cúmulo de expedientes puede ser tan grande que puede llegar al caos.

“La Constitución está cargada de derechos y si los ciudadanos los reclaman, habrá un colapso de recursos”, puntualizó.