PANAMÁ. AP. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el asilo otorgado a la ex directora de la policía secreta de Colombia María del Pilar Hurtado, aunque el fallo aún no es definitivo y está a la espera de la firma de los nueve magistrados del máximo tribunal, confirmó un alto funcionario judicial el viernes.   

El funcionario, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado y porque el caso no ha concluido, dijo a The Associated Press que el jueves el pleno votó por mayoría un proyecto de fallo que da la razón a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2011 por el asilo otorgado un año antes.

Explicó que aún no se ha oficializado porque requiere la firma de los nueve jueces y luego su notificación por parte de la Secretaría General de la Corte Suprema, lo que podría tomar días o semanas. “Cumplido esos trámites, el fallo quedará ejecutoriado”, agregó.

Uno de los abogados demandantes, Ángel Álvarez, dijo el viernes a la prensa en la sede de la Corte Suprema que, agotados esos trámites, “creo que la salida de ella es inminente porque queda en una situación en el país de ilegalidad migratoria”.

El gobierno del presidente derechista Ricardo Martinelli, que concluye el 30 de junio, rechazó en el pasado la extradición de Hurtado a pesar de las fuertes críticas que recibió por refugiar a una mujer acusada de espionaje. El caso volvió a la palestra tras el triunfo en Panamá del opositor Juan Carlos Varela, el 4 de mayo.

En Bogotá, la Fiscalía colombiana informó el viernes que enviará a Panamá a un funcionario de alto nivel para conocer la situación legal de Hurtado, exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta, actualmente en juicio en su país por espionaje.

La orden fue impartida por el fiscal general, Eduardo Montealegre, luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema panameña.

“El director de Gestión Internacional de la Fiscalía, Francisco Echeverry, deberá viajar a Panamá -ojalá hoy mismo (viernes)- para conocer directamente la situación legal” de la exfuncionaria, explicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa. El reporte oficial no indicó con qué funcionarios y de qué entidades panameñas se reunirá Echeverry.

Hurtado, que se asiló en Panamá en noviembre de 2010 con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y no tenía garantías para un juicio justo, está siendo juzgada por la Corte Suprema colombiana luego de que la Fiscalía la acusó de formar parte de una red de espionaje a magistrados, activistas, periodistas y opositores durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo y una de las víctimas de la presunta red de espionaje, aseguró por teléfono a AP que la decisión de la Corte Suprema panameña “es la reafirmación jurídica… de que la señora María del Pilar Hurtado no es ninguna perseguida política”.

La semana pasada, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos dijo que había hablado con el presidente electo Varela y le había pedido que Hurtado fuese enviada a Colombia. Varela, que se posesionará el 1 de julio, ha dicho que podría revisar el caso.

En entrevista con el programa radial “La hora de la verdad”, Uribe dijo que es llamativo que hace tres años el gobierno de Santos haya estado de acuerdo con el asilo de Hurtado “y hoy, en vísperas de campaña política (a la segunda vuelta electoral del 15 de junio) hace todas las gestiones en contra de ese asilo”.

También en la capital colombiana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo hizo el viernes un llamado urgente a Santos “para que de manera inmediata solicite a las autoridades panameñas la entrega de la exdirectora” del Departamento Administrativo de Seguridad.

La entidad no gubernamental, algunos de cuyos integrantes habrían sido espiados por la entidad dirigida por Hurtado, aseguró que “hemos tenido conocimiento a través de una fuente altamente confiable de que a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá… (Hurtado) se encuentra adelantando gestiones para salir a un tercer país. En principio planea salir a República Dominicana o, al parecer, a Costa Rica”.

En febrero de 2009, medios locales denunciaron que desde la policía secreta se interceptaban los teléfonos y se les hacía seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, activistas y políticos que, en su mayoría, eran contrarios al gobierno de Uribe.

Desde entonces, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de exdetectives de ese departamento, que por esos actos de corrupción fue cerrado por Santos en octubre de 2011.

La policía secreta dependía directamente de la presidencia. Un secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, actualmente está siendo procesado por la Corte Suprema por los mencionados actos de espionaje.

-Libardo Cardona reportó desde Bogotá.