La comisión estadounidense que investiga el papel de República Dominicana en el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide afirmó ayer que un ex oficial dominicano estuvo al frente de los entrenamientos de los rebeldes haitianos, y reiteró que Estados Unidos es el principal responsable del derrocamiento del régimen Lavalás.

Señaló que grupos de insurgentes haitianos fueron entrenados en Neiba, Haina, Jimaní, San Isidro, Hatillo, San Cristóbal y en las inmediaciones del Faro a Colón, en Santo Domingo Oriental.

«Un grupo de rebeldes, bajo el mando del capitán Ernest Ravix, fueron entrenados diariamente a las cinco de la tarde cerca del Faro a Colón, por lo menos por dos años», indica la comisión.

Precisa que unos 200 soldados de las Fuerzas Especiales de EEUU, «con autorización del presidente Hipólito Mejía, llegaron a República Dominicana como parte de la Operación Jadel Task, en la que se realizaron ejercicios conjuntos entre militares dominicanos y norteamericanos”, y que según sus informes en esta operación se entrenó a los rebeldes haitianos.

Asimismo, la comisión dijo que, aunque luego lo negaron, las autoridades norteamericanas confirmaron que unos 20,000 rifles M-16 fueron entregados al gobierno dominicano después del primero de noviembre del 2002 y que admitieron (los norteamericanos) que muchas de esas armas podrían estar en manos de los rebeldes haitianos.

En un informe preliminar dado a conocer ayer en rueda de prensa, la comisión establece que Washington habría presionado al presidente Mejía y que éste habría aceptado colaborar con los insurgentes encabezados por Guy Philippe y que terminaron sacando del poder a Aristide.

Luis Barrios, uno de los miembros de la comisión dijo que «está claro que el suelo dominicano fue utilizado por Estados Unidos con el propósito de darle apoyo a la oposición haitiana que estaba vinculada con acciones violentas».

Precisó que una vez al mes, el gobierno de EEUU, a través del Instituto Republicano Internacional llevó reuniones con la oposición haitiana en el hotel Santo Domingo.

Explicó que más de 600 haitianos, muchos de los cuales ex guardias durante el régimen de Jean Claude Duvalier, recibieron entrenamiento en suelo dominicano.

Señala que los entrenamientos de los rebeldes fueron dirigidos por soldados norteamericanos y dominicanos y entre estos citó el caso de un general del Ejército. Todo, de acuerdo con la Comisión, con el supuesto conocimiento y consentimiento del presidente Mejía.

Añadió que posee informes de que las armas utilizadas por los golpistas fueron transportadas desde República Dominicana hacia Haití y otras por barco.

La denominada Comisión Estadounidense de Investigación Sobre Haití fue creada en 1991 a iniciativa del ex fiscal general de EEUU, Ramsey Clark.

La delegación que visita la República Dominicana desde la semana pasada está integrada por el ex oficial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Brian Concannon; Kim Ives, periodista investigador; Luis Barrios, sacerdote anglicano y dirigente comunitario en Nueva York; la cineasta Katherine Kean, el veterano de las Fuerzas Armadas de EEUU, Stan Goff, y Teresa Gutiérrez.

Barrios señaló desde el año 2000, Philippe estuvo ejecutando acciones desde el territorio dominicano. Lo mismo, agregó, hicieron otros líderes rebeldes como Jodel Chamblain, «un asesino convicto».

Indicó que las autoridades dominicanas conocían los movimientos de Philippe ya que al menos en dos ocasiones lo arrestaron por actividades sospechosas. Empero, indicó, fue encarcelado inmediatamente.

En su informe, la comisión subraya que el golpe de Estado contra Aristide fue una acción «violenta e ilegal». Y precisa que más de 300 personas fueron asesinadas durante la insurrección.

Tras sugerir que el caso sea ampliamente investigado, la delegación estadounidense explicó que la acción de los insurgentes no sólo afectó a los haitianos, sino también a los dominicanos y señaló que dos soldados dominicanos fueron asesinados por los rebeldes, mientras 16 empresarios fueron secuestrados en «Juana Méndez», al cruzar la frontera.

Los miembros de la comisión dijeron que llevarán los resultados de su investigación al gobierno de Mejía, al Congreso de los Estados Unidos y lo dará a conocer al mundo para que hechos como el golpe del 29 de febrero no se repitan en ningún otro país.