POR ODALIS MEJIA
Un grupo de altos oficiales  retirados de las Fuerzas Armadas denunció que desde el  gobierno existen “asomos” de auspiciar alteraciones de los resultados electorales de mayo próximo con  procedimientos similares  a los utilizados en la selección interna del presidente Leonel Fernández como candidato presidencial y advirtieron no permitirán desconocimiento de la voluntad popular.

“Advertimos al gobierno que estaremos unidos al pueblo en la defensa de sus conquistas democráticas  y que no se permitirá una continuación en el poder que no responda a la voluntad popular expresadas en  unas elecciones libres y diáfanas”, advirtieron.

Asimismo  acusaron al gobierno de descuidar y mal manejar a los institutos castrenses por una serie de hechos que mantienen  “desmoralizados” a los militares.

Entre las acciones que denunciaron  está la falta de combustibles que reduce al mínimo o anula la capacidad operativa del transporte del Ejército Nacional, de los buques de la Marina de Guerra y las aeronaves de la Fuerza Aérea, dejando esas instituciones incapacitadas para cumplir eficazmente  sus tareas.

También acusaron al gobierno de comprar los ocho aviones Super Tucanos en el Brasil con un precio superior en  US$2.1 millones a como se vendieron a otro país, ya que la República Dominicana los adquirió a US$11.5 millones cada avión, mientras que Colombia los compró a US$9.4 millones.

“Este hecho cuestiona la transparencia y la ética en el proceder de los responsables de tal irregularidad”, expresan los generales en retiro en  un documento de tres páginas firmado por 29 militares retirados,  entregado a la prensa.

Denunciaron la distracción de más de RD$159 millones en la construcción de un edificio, compra de vehículos, adquisición de equipos informáticos, lo cual ha dejado sin fondos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), al punto que le imposibilita hacer préstamos y cumplir con las prestaciones sociales de los militares cuando se retiran.

Esa descapitalización del ISSFA, dicen, ha provocado la necesidad de hacer un acuerdo con el Banco de Reservas  para que sea éste que haga los préstamos a los militares, pero a una tasa superior como lo hacía el instituto, situación que provocará su desaparición.

Otra crítica es el alegado retiro de oficiales jóvenes sin razón atendible y el “abusivo e irregular” proceso de degradación aplicados a otros y el desconocimiento de la antigüedad en el servicio al producir ascensos a destiempo, de hasta tres veces en un año, violando continuamente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Señalaron que desde agosto del 2004 y bajo la excusa de corregir violaciones a la ley de parte del pasado gobierno fueron retirados decenas de oficiales de distintos rangos, a quienes se acusaba de corruptos y hasta de narcotráfico, manchando la honra de militares que dieron sus años  al servicio militar.

“La disciplina, el respeto a la institucionalidad y el estímulo profesional a la oficialidad más experimentada se ha socavado al poner las posiciones de mando a oficiales inexpertos, sólo por razones politiqueras, mientras que existen hasta 20 promociones con más antigüedad que algunos de los incumbentes de los mandos  superiores”, expresan los militares.

Calificaron además de irregular y excesiva la cantidad de militares en escoltas personales  a funcionarios y “protegidos” del gobierno, lo cual ha desnaturalizado el recurso militar.

Manifestaron que existen inocultables desavenencias en el mando interno de las instituciones, evidencia de una falta de mando y control en la conducción de las mismas.

Los militares en retiro también dijeron estar preocupados por la inseguridad en las fronteras terrestres y marítimas, lo que propicia no sólo el contrabando de mercancías que afecta sensiblemente la rentabilidad de la actividad comercial lícita, sino que facilita el narcotráfico y el ingreso de armas que luego van a parar a manos desaprensivas, incrementando de ese modo la criminalidad.

Calificaron de ineficaz el control de la inmigración irregular y de alarmante el tráfico y consumo de drogas.

Atacaron el afán fiscalista del gobierno con el objetivo de incrementar los ingresos  para utilizarlos en la campaña reeleccionista del presidente Leonel Fernández.

Consideraron  falsa la lucha contra la corrupción y que se ha convertido en vez de un enfrentamiento serio a ese mal, en un medio para perseguir adversarios políticos, mientras se protege la impunidad de funcionarios corruptos.

Ante tal estado de situación los generales retirados señalaron que estarán del lado de la población que ha manifestado su  decepción con la presente administración del Estado y que estarán vigilantes ante los asomos de alteración de los resultados electorales.

Asimismo llamaron a la población a reflexionar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, tras abogar por la necesidad de un proceso de cambio.

Los altos oficiales retirados  que firman el documento son Rafael Antonio Alegría, Manuel Polanco Salvador, Eurípides Uribe Peguero,  Eugenio Peláez, Rafael Molina Suazo, Franciso Luciano, Julio César Pérez Cid, Manuel Félix Terrero, Pablo Antonio Corona Jumelles, Ignacio  Antonio Rodríguez Medina, Pedro N. Amarante Fabián, Víctor Peralta Rosario, Zeuxis Ernesto Jiménez González, Carlos Alberto Laluz Cruz, Francisco A. Castro Arias,  Rafael V. Romero Cintrón, RafaelNegrete Olivares, Ramón A. Mazara Mateo, Arístides García Berroa, Hugo Cabrera Martínez, Rodolfo Peralta Serrata, Héctor Rafael Toribio y Marcos Antoine Peña.