Tribunal ordena juicio preliminar para Francisco Arias Valera.

Ex jueza Awilda Reyes se libra de proceso en su contra por prevaricación. La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Francesca Potentini Rosario, extinguió este viernes el proceso en contra de la ex jueza Awilda Reyes, acusada de prevaricación, mientras ordenó que se siga el juicio preliminar por los mismos cargos al ex asesor del Poder Judicial Francisco Arias Valero.

La decisión de la magistrada se sustenta en que en el caso de la acusada Awilda Inés Reyes Beltré se venció el tiempo para que se llevara el proceso judicial en su contra, hecho que no se comprobó en el caso del coacusado Arias Valera.

En ese sentido, la jueza declaró la extinción de la acción penal que había en contra de Reyes y ordenó el cese de toda medida de coerción que pese en su perjuicio.

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Mientras que el tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal planteada por la defensa del exconsejero del Poder Judicial, Arias Valera, por considerar que las causas de suspensión han sido atribuibles en su mayoría a su persona.

Los acusados son señalados por el Ministerio Público tras una investigación que en 2015, iniciada por el entonces procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, dio a conocer una supuesta red de jueces que se dedicaban a vender sentencias y emitir dictámenes a favor de personas vinculadas al narcotráfico.

Según la investigación, el exconsultor del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, contactó a la jueza Awilda Reyes a la que le ofreció grandes sumas de dinero para que esta emitiera veredictos a favor de los acusados de narcotráfico que este le indicara.

De acuerdo con las informaciones que se divulgaron en ese entonces, entre los casos en los que hubo sobornos por sentencia figuran la orden de devolución de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, incautada mediante orden de secuestro al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.

Después de un juicio disciplinario, los investigados fueron destituidos y el caso fue declinado a la jurisdicción penal.