POR GERMAN MARTE
La JCE se burla de la sociedad dominicana cuando decide aumentar de RD$25 a RD$200 el cobro por la expedición de las actas de nacimiento certificadas, afirmó ayer el doctor Luis Felipe Rodríguez, ex encargado de la Oficialía Civil de la Doceava Circunscripción, quien afirmó que es ilegal cobrar tanto dinero por ese documento. Rodríguez adujo que el cobro de las actas de nacimiento está regulado por la Ley 8-92 que establece la gratuidad de una serie de documentos expedidos por las oficialías, pero al mismo tiempo establece un tope en el cobro de un impuesto.

El tope debió establecerse administrativamente por la JCE, y no habiendo ese organismo asumido su rol, entonces rige la modificación que sometió Impuestos Internos, y que se aprobó mediante la Ley 224-04, que elevó de uno a treinta pesos, «eso es lo máximo que se puede cobrar como impuesto para la expedición de una acta de nacimiento».

Dijo que todas esas referencias están contenidas en la instancia que elevó en diciembre del año pasado ante la Procuraduría de la República, sometiendo a los jueces de la JCE por el delito de concusión, que se refiere al cobro indebido de una tasa no contemplado en la ley.

Rodríguez sostuvo que con su decisión de aumentar el costo de las actas, los jueces del organismo electoral se burla de la sociedad dominicana y del sistema judicial dominicano, pues hasta ahora el Procurador General de la República ha hecho caso omiso al sometimiento que hizo, y «por eso hoy la JCE se despacha con un nuevo aumento, en un reto abierto a la sociedad, porque ellos se creen que están por encima de la ley y de todo el mundo».

Subrayó que en el país hay una gran parte de la población que no está inscrita en el registro civil debido a la precariedad económica del pueblo, que en gran proporción es pobre e indigente, «si se le dificultaba a una persona obtener un acta de nacimiento a un costo de RD$50, imagínese usted ahora que tenga que pagar RD$200».

Rodríguez fue cancelado de su puesto de encargado de la XII Oficialía del Distrito Nacional «por conveniencia en el servicio» tras denunciar que las oficialías se había convertido en un negocio ilícito que servía para que sus encargados se enriquecieran.

La denuncia del funcionario y su posterior cancelación generó un escándalo en el país, que llegó hasta los tribunales de la República cuando sometió a los jueces de la JCE por violación a la Ley 8-92.

En la ocasión, la JCE negó la acusación y aclaró que la expedición de las actas era gratuita y que no tenían fecha de caducidad. Empero, en todas las oficialías se cobraba y aún se cobra RD$80 por su expedición.

Rodríguez dijo que los miembros de la JCE en lo único que están es en «hacer negocios a su favor». Manifestó que el negocio en que supuestamente estarían los jueces a través de las oficialías involucra «cientos de miles de millones de pesos, sin ningún tipo de fiscalización, ni concurso lícito».

Subrayó que lo más grave es que nadie sabe a donde irá a parar el dinero que se recaude por concepto del aumento de las actas, aunque la Junta alega que el aumento es para recaudar los RD$100 millones que le recortaron en el presupuesto.