MEXICO (AFP).- El ex presidente Luis Echeverría, de 82 años de edad, se encontraba este viernes pendiente de arresto judicial, una medida inédita en la historia de México, por su presunta responsabilidad en una matanza de estudiantes en 1971.

   La decisión está en manos del juez federal César Flores, que recibió el jueves un informe acusatorio de 13 tomos de manos del fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), Ignacio Carrillo Prieto.

   «En cumplimiento de sus obligaciones, la Fiscalía ha consignado la averiguación relativa a los hechos del 10 de junio de 1971», que constituyen «un genocidio» de acuerdo a las normas penales.

    «Según el análisis, la acción penal y la sanción correspondiente al delito de genocidio no han prescrito», añadió el fiscal en rueda de prensa.

   El juez debe emitir su fallo este mismo viernes ya que la acusación de genocidio es considerada grave por la justicia mexicana, y no cabe la posibilidad de una fianza.

   La orden de arresto contra Echeverría podría sin embargo transformarse en arraigo domiciliario, a causa de la edad del ex mandatario, según reconocieron fuentes de la fiscalía.

   El 10 de junio de 1971, una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana fue disuelta violentamente por las fuerzas de seguridad, entre las cuales había un grupo paramilitar denominado «Los Halcones», con un saldo de «decenas» de muertos, señaló recordó el fiscal Carrillo en su rueda de prensa.

   Las decisiones investigadas a lo largo de dos años «corresponden a las desplegadas por los probables responsables al perpetrar delitos contra la vida de los integrantes de un grupo nacional de disidentes políticos, pertenecientes a establecimientos de educación superior, con el uso ilegal de la fuerza física», añadió el fiscal especial en rueda de prensa.

   Juan Velázquez, defensor del ex presidente dijo que «la acusación de genocidio es un absurdo».

   «Eso no es lo que ocurrió el 10 de junio de 1971, que fue un enfrentamiento armado, y aún suponiendo que hubiera sido así, el genocidio prescribió 30 años después, el 10 de junio de 2001», dijo el abogado en conversación telefónica con la AFP.

   Tras más de dos años de investigación, el fiscal pidió el arresto de Echeverría y también de un número indeterminado de responsables gubernamentales en la época de los hechos, según filtraciones del expediente citadas ampliamente por la prensa mexicana.

   Entre ellos están el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el procurador general, Julio Sánchez Vargas.

   El fiscal presentó esos cargos dentro de sus trabajos para elucidar la llamada «guerra sucia», desde la matanza de octubre de 1968, conocida como la masacre de Tlatelolco, hasta las desapariciones de opositores y radicales de izquierda en los años 70.

   La decisión del juez corre el riesgo de provocar un enfrentamiento más entre el gobierno de Fox y su principal opositor, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2001.

   «No aceptaremos ningún intento del Estado para aniquilar a los adversarios políticos», amenazó el PRI en un comunicado el jueves.

   El partido que gobernó México durante siete décadas ya ha preparado un equipo de abogados para apoyar la defensa de Echeverría.

   «El PRI manifiesta su irrevocable decisión de no negociar la ley, nuestros principios ni los intereses nacionales bajo ningún concepto», añadió en su comunicado.

   La FEMOSSP fue creada por decisión del presidente Vicente Fox a finales de 2001.