POR DIEGO PESQUEIRA
El ex procurador general Víctor Céspedes Martínez defendió la legalidad de su decisión cuando retiró la demanda del Estado contra un grupo de personas a los que se acusó de conseguir con falsedad títulos de propiedad en terrenos del parque nacional Jaragua, en la bahía de Las Águilas.

Céspedes Martínez dijo que actuó apegado a las leyes y ante una instancia de una oficina de abogados.

Además, dijo, las actuales autoridades del ministerio público pretenden difamarlo y desprestigiarlo porque desarrolló una gestión exitosa al frente de la Procuraduría.

Explicó que tomó la decisión ante una instancia depositada por el abogado Jottin Cury hijo y otros juristas.

Céspedes Martínez dijo que no se siente perseguido, pero que siente que «se ha querido desprestigiar, difamar y calumniar una gestión exitosa».

Estimó que antes de hacer un escándalo por los medios de comunicación las nuevas autoridades debieron llamarlo para preguntarle por las excarcelaciones y otras decisión que tomó días antes de dejar el cargo.

Céspedes Martínez explicó que su decisión está sustentada en una serie de alegadas «arbitrariedades y violaciones jurídicas».

Precisó que la instancia fue estudiada debidamente por el procurador adjunto Francisco Cadena Moquete, quien dictaminó que con la apropiación de los terrenos por parte del Estado, se cometieron una serie de arbitrariedades y violaciones jurídicas.

Sostuvo que esas fueron las razones de peso que tuvo para proceder a revocar la demanda, con cuya decisión se favorecen personas que poseen terrenos en bahía de Las Águilas.

Céspedes Martínez no entró en detalles sobre las alegadas «arbitrariedades y violaciones jurídicas» que tomó en cuenta para revocar la demanda del Estado mediante la cual se perseguía recuperar los terrenos.

Prometió dar a conocer más adelante las razones legales por las cuales procedió a tomar la decisión, en favor de los particulares que fueron favorecidos con la decisión.

El actual procurador general Francisco Domínguez Brito declaró que Céspedes Martínez, actuando como procurador general, se atribuyó funciones  del presidente de la República y mediante el auto del pasado 13 de agosto y revocó la demanda del Estado que buscaba recuperar los terrenos de bahía de Las Águilas.