Sobre las elecciones en Nicaragua, el excanciller dominicano, Miguel Vargas, y un grupo de exministros de Relaciones Exteriores de la región latinoamericana hicieron un llamado para que, en el marco de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realiza en línea desde este miércoles, los cancilleres y jefes de delegación de ese organismo convoquen a una Asamblea General Extraordinaria ante los comicios fraudulentos celebrados este domingo en Nicaragua.

Mediante una carta conjunta, 40 excancilleres expresaron su consternación y resaltaron que dichas votaciones no reunieron las condiciones mínimas que demandan los estados democráticos y que consagran la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que, a su juicio, han sido ignorados.

Insistieron en que los comicios fueron ejecutados en forma irregular y dieron como resultado “una parodia de elección”, cuyos resultados se conocían por adelantado.

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“Este proceso electoral fraudulento empezó cuando Daniel Ortega logró una reelección en noviembre de 2011 en violación de la Constitución, forzando a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral a alegar el inexistente derecho a una reelección indefinida como ‘derecho humano’ de Daniel Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado esa interpretación. En una reciente Opinión Consultiva ha determinado que ‘la reelección indefinida es contraria a la Convención y Declaración Americana’”, enfatizaron los exministros.

Asimismo, alertaron sobre el arresto arbitrario de 39 opositores al gobierno, incluidos siete candidatos a la presidencia, así como la detención de opositores, periodistas y empresarios, la eliminación de partidos rivales y criminalización de la disidencia en un proceso que empezó meses atrás y que culminó con unos sufragios carentes de observación electoral internacional independiente.

Sobre su llamado a la OEA, explicaron que en la propuesta Asamblea General Extraordinaria se deberían decidir acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática. Entre éstas citaron: desconocer y condenar el referido proceso electoral; exigir al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los 150 presos políticos y el respeto a sus derechos; reclamar la plena vigencia de los derechos humanos, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias, el respeto al Estado de derecho y una salida pacífica a la crisis a través de la negociación con todos los actores políticos de ese país centroamericano.

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Agregaron solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que siga monitoreando la situación sobre esta materia en Nicaragua; suspender dicho Estado de su derecho de participación en la OEA si su gobierno no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes, justas y la liberación de todos los presos políticos, entre otras.