Seis de los siete excandidatos presidenciales de la oposición que cuestionan la forma en que la Junta Central Electoral (JCE) manejó las elecciones del 15 de mayo y el escrutinio subsiguiente, reiteraron hoy su advertencia de que no reconocen los resultados que intenten imponerse por la fuerza del poder, ya que los mismos han sido anunciados en violación de la ley y cuestionan por tanto la gobernabilidad democrática de la República Dominicana los próximos 4 años.

Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez, Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino insistieron en que los pasados comicios 15 de mayo estuvieron matizados por muchas irregularidades, las que convierten a éstos, según sus declaraciones en rueda de prensa, en las más corruptas de toda la historia republicana.

En este sentido, expresaron su rechazo categórico a la evaluación general que hiciera el jueves el presidente de la JCE, Roberto Rosario, sobre las elecciones, calificándolas de “libres, limpias, competitivas y transparentes”, subrayando que, por el contrario, han resultado “de las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación.

Roberto Rosario, presidente de la JCE.

Demandan actas de escrutinio manual. Reiteraron el reclamo de que la Junta les entregue copias manuales que certifiquen un escrutinio confiable de los votos en todos los colegios electorales, y que en los lugares donde resultare imposible recuperarlas sea anulado el proceso y se celebren nuevas elecciones que permitan la manifestación soberana de la voluntad popular como única forma de garantizar autoridades electas revestidas de legalidad y legitimidad.

A continuación la “Respuesta conjunta de candidatos presidenciales de la oposición al presidente de la JCE”, leído alrededor de las 11 de la mañana en rueda de prensa por Elías Wessin Chávez, en un hotel de esta ciudad, se presenta su texto completo:

Los suscritos Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez, Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino, que acudimos como candidatos presidenciales por nuestras respectivas organizaciones y/o coaliciones políticas el pasado 15 de mayo, en ocasión del discurso pronunciado el pasado jueves 2 de junio por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) con referencia al proceso electoral recién transcurrido, tenemos a bien expresar ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Que rechazamos de manera categórica que las elecciones presidenciales, congresuales y municipales celebradas en el país el 15 de mayo hayan sido libres, limpias, competitivas y transparentes, sino, muy por el contrario, una de las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación, en las que el presidente de la República y candidato a la reelección usó y abusó de los recursos del Estado Dominicano sin que la JCE, órgano rector del proceso electoral, hiciera uso del artículo 212 de la Constitución de la República, que la faculta para tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la equidad y los valores democráticos en un proceso electoral. El hecho de que la Junta Central Electoral no asumiera sus responsabilidades permitió que los colegios electorales y sus alrededores se convirtieran en mercados de compra y venta de cédulas y votos y se ejerciera presión sobre los delegados de la oposición con la complicidad, muchas veces, de miembros de los colegios electorales y de agentes de la Policía Electoral.

Que el discurso del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), lejos de ofrecer explicaciones de orden institucional orientadas a disipar las graves dudas que han afectado las elecciones recién transcurridas, estuvo matizado por preocupaciones e interpretaciones de orden personal que, en los hechos, aportan nuevos y decisivos elementos de prueba para ilegitimar el proceso electoral en curso. En vez de asumir un rol institucional, como era su deber, el presidente de la JCE se parcializó de manera ostensible con el partido de gobierno intentando justificar de manera infructuosa su incapacidad para organizar un proceso electoral diáfano, ordenado, transparente y legítimo.

Que es absurda y completamente inverosímil la versión dada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) en el sentido de que la culpa de los graves problemas e irregularidades suscitados en el escrutinio de los votos en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal, recaiga sobre el justo reclamo de los sucritos como candidatos presidenciales de la oposición de que los votos del pueblo dominicano se contaran manualmente, como lo establece la ley y como siempre se han contado en toda la historia democrática dominicana.

Según el calendario electoral fijado por la Junta Central Electoral (JCE) y referido por su presidente, los instrumentos electrónicos destinados a ser utilizados en las elecciones debieron arribar a nuestro país a más tardar en octubre de 2015, pero lo ocurrido es que los mismos llegaron a República Dominicana apenas 19 días antes de las elecciones, sin que estos pudieran ser auditados y debidamente probados. Estos hechos fueron documentados por la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Las acciones conjuntas de los suscritos, en su calidad de candidatos presidenciales, tuvieron como propósito solicitar a la Junta Central Electoral la única salida viable y legal: tomar las medidas pertinentes para garantizar que los votos fueran contados como dice la ley electoral y no bajo una tecnología de escrutinio desacreditada en varios países del mundo, sobre la que se han querido construir ganadores del actual proceso electoral de manera digital y sin que tengan sustento en las actas manuales, como la propia Junta Central Electoral (JCE) ordenó como obligatorio en un 100 % de los tres niveles de votación.

Rechazamos la reiterada defensa a ultranza que hace el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de la tecnología contratada, cuando todo el país constató la magnitud de los problemas que se suscitaron a causa del desorden administrativo y las fallas estructurales de este sistema. La enorme dimensión de los trastornos fue admitida de hecho por el propio presidente de la Junta Central Electoral cuando reconoció que el 24 % de los equipos electrónicos llamados a registrar y transmitir los concurrentes a las urnas no funcionó. Confesó igualmente las graves fallas del sistema al indicar que solo el 64 % de los votos del nivel presidencial, el 59 % del nivel municipal y el 54 % del nivel legislativo pudieron ser contados mediante la utilización de las máquinas electrónicas previstas para tal efecto.

Tal como precisa el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), el material vinculado al escrutinio automatizado y a la identificación de los electores en los colegios estuvo en muchos casos “ausente, incompleto y/o defectuoso”, pudiéndose comprobar “problemas de capacitación, logística y definición de procedimientos”.

La verdad es que, como señalara el jefe de la misión de observación internacional de la OEA, el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, los problemas tecnológicos presentados al momento de conformar y abrir los colegios no hicieron sucumbir por completo las elecciones gracias a la atinada solicitud de los sucritos, representantes de la oposición, que advirtieron con tiempo que los mecanismos electrónicos podían fallar y que era necesario tener toda la infraestructura de documentación física y manual para garantizar un escrutinio acorde con lo que establece la ley.

Rechazamos igualmente el silencio del presidente de la JCE sobre la supuesta renuncia de más de 3,000 auxiliares técnicos que él mismo denunciara al país faltando apenas horas para el inicio del proceso de votaciones. Ese grave y oscuro hecho, que sí pudo haber constituido un peligroso atentado contra las elecciones, no ameritó el más mínimo comentario del Dr. Roberto Rosario Márquez en su alocución, lo que hace que el pueblo dominicano tenga dudas más que razonables de que en realidad tales renuncias sorpresivas y masivas se produjeran.

Rechazamos también que el presidente de la Junta Central Electoral haya insistido en defender ante el país el hecho insólito que generó uno de los traumas mayores en el presente proceso electoral, como fue su acción de difundir boletines sobre resultados y ganadores bajo el artificio malicioso de que éstos no tenían valor jurídico, apenas a cinco minutos de haberse cumplido la hora de cierre de colegios cuando en un gran número de éstos en todo el país todavía había electores votando, y cuando por consiguiente no se había contado un solo voto manualmente. Este accionar no fue casual, sino dirigido expresamente a crear la percepción de un ganador definitivo en franco desafío a las leyes y a un pueblo que fue a votar de buena fe.

El mismo presidente de la Junta Central Electoral describió con gran elocuencia la ardua labor que tendrían los funcionarios de los colegios electorales y los delegados de los partidos al tener que contar ocho veces, de manera electrónica y manual, las boletas presidenciales, municipales y congresuales y del voto preferencial. Si el presidente de la Junta Central Electoral estaba consciente de esa ardua y gran responsabilidad, ¿qué sentido tenía publicar resultados “sin efectos jurídicos” desde el término de la hora de votación, que no fuera crear una grave turbación en todos los colegios que desmantelara lo que no se quería que ocurriera: el escrutinio que manda la ley; el único válido, el escrutinio manual de los votos?

Resulta igualmente insólito que la respuesta del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) al delito electoral cometido por los funcionarios de los colegios electorales de no llenar Actas de Escrutinio haya sido el elogio a éstos y no la responsable acción de someterlos a la justicia por haber cometido hechos que han afectado gravemente el proceso electoral.

En su alocución, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) expresó, textualmente, que “por la información de que disponemos, les puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones”, precisando a seguidas que “algunas mentes muy creativas, daban como un hecho, que a las tres de la tarde sería necesario interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva fecha”. Ante tan grave denuncia, emplazamos al Dr. Roberto Rosario a hacer de público conocimiento las informaciones que dice disponer, exigiéndole además que actúe con la responsabilidad que le impone su cargo y proceda a someter ante la justicia a los responsables de hechos de esa trascendencia, por demás, sancionados penalmente por la Ley.

Por todo cuanto antecede, dejamos constancia ante la opinión pública nacional y extranjera de que no reconocemos los resultados de los comicios del pasado 15 de mayo que intenten imponerse por la fuerza del poder, ya que los mismos han sido anunciados en violación de la ley y cuestionan por tanto la gobernabilidad democrática de la República Dominicana los próximos 4 años. Por otro lado reiteramos el reclamo de las copias manuales que certifiquen un escrutinio confiable de los votos en todos los colegios electorales y que en los lugares donde resultare imposible recuperarlas sea anulado el proceso y se celebren nuevas elecciones que permitan la manifestación soberana de la voluntad popular como única forma de garantizar autoridades electas revestidas de legalidad y legitimidad.

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. A los seis (6) días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis (2016).