CARACAS, (AP).-  Un ex director de la policía metropolitana que padece varias enfermedades fue excarcelado luego de pasar casi siete años en prisión por su responsabilidad en las muertes de varios manifestantes durante el fallido golpe de estado del 2002. La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó el jueves que una corte del estado centro costero de Aragua otorgó en la víspera el beneficio de «libertad condicional» al comisario Henry Vivas debido a los problemas de salud que padece.

Vivas, de 63 años, es el tercero de los llamados «presos políticos» que han obtenido este año libertad condicional por presentar complicaciones de salud. Ortega Díaz dijo a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) que la libertad otorgada a Vivas «no corresponde a algún movimiento ni a protestas.

Se dio sencillamente porque el gobierno venezolano, respetuoso de los derechos humanos, toma en consideración la situación en que se encuentran los privados de libertad». En relación al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien está bajo arresto domiciliario y se ha convertido en un proceso clave de derechos humanos, la fiscal expresó que en el Ministerio Público «hemos sido bien vigilante del respeto de sus derechos» Las autoridades aprobaron la excarcelación de Vivas tras informes de que padece varias afecciones que incluyen un tumor en las cuerdas vocales, irritación en el colon, gastritis erosiva, problemas respiratorios y pérdida progresiva de la audición y la visión.

El gobierno también autorizó por razones de salud a mediados de 2011 la excarcelación del ex jefe policial Lázaro Forero y del político Alejandro Peña Esclusa, quienes padecen cáncer de próstata. Las medidas a favor de los detenidos se dieron luego que el presidente Hugo Chávez, a quien le detectaron cáncer a mediados de año, exhortó a las autoridades a otorgar beneficios a los «políticos presos» y demás reclusos que tengan alguna dolencia grave para que puedan ir a su casa y recibir todo el tratamiento médico que necesiten.

Vivas fue detenido el 3 de diciembre de 2004 junto con Forero, después que el gobierno de El Salvador les negó el asilo político que habían solicitado. Ambos se refugiaron en noviembre de ese año en la embajada del país centroamericano en Caracas alegando que eran unos perseguidos políticos de Chávez.

Vivas, Forero y el también comisario Iván Simonovis fueron condenados en el 2009 a 30 años de cárcel por los delitos de «complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado» en las muertes de manifestantes pro-oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril del 2002. Otros seis policías metropolitanos también fueron sentenciados entre 17 y 30 años de cárcel por los asesinatos de los manifestantes en el 2002.

Opositores denunciaron este año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales un listado de ocho adversarios al gobierno, a los que llaman «presos políticos», que padecen dolencias de salud a quienes las autoridades les habrían negado beneficios para recibir tratamientos. La lista incluye a cinco de los policías condenados por los sucesos del 2002, también a la jueza Afiuni, a quien la semana pasada le extendieron por dos años más el arresto domiciliario.