El rechazo  de importantes sectores a   impuestos que consideran  lesivos tiene fundamento. Los tributos que gravitan sobre costos de producción  y afectan la competitividad de entes productivos no le convienen a la economía.

Obligar al pago adelantado de impuestos en base a la  suposición de futuras ganancias  priva de manera injusta a productores, incluyendo a industriales,  de capital de trabajo. Quienes cultivan  el campo, sujetos a eventualidades de clima, plagas y mercados exigentes,  reciben un duro golpe a la rentabilidad  por pagar tributos antes de generar ingresos. Esta carga  se compara por sus efectos negativos  al impuesto selectivo al consumo aplicado  a equipos e insumos para las operaciones  hoteleras como si se tratara de enseres de lujo cuando en realidad son artículos imprescindibles para la actividad turística, generadora de divisas, empleos y gran comprador  de la producción agropecuaria y de otros renglones locales.

La  reforma fiscal,  que se presagia    para corto o mediano  plazos, debería  eliminar lo irrazonable de algunos gravámenes  y disminuir la  proporción de tributos  que descansan en el consumo y que representan el 75% de todos los ingresos del Fisco, mientras beneficios   individuales y de corporaciones escapan   a la acción  directa de los recaudadores. En un país de notable ostentación de riqueza, es injusto que el Estado se nutra  mayormente de extraer dinero  a gente de medianos y pequeños ingresos.

¿Y de la calidad del gasto qué?

En materia fiscal la preocupación por el uso que el Estado da a sus ingresos  es de la  misma magnitud que la preocupación que generan los impuestos mismos cuando son desproporcionados o lesivos a los contribuyentes. Y una forma irracional de emplear fondos públicos  acaba de ser puesta de relieve: el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana tiene 17 mil empleados, siendo que el país apenas   exporta 800 millones de dólares al año en productos agrícolas; mientras el ministerio similar  de Chile, que exporta diez mil millones, es de apenas 1,500 empleados.

Un personal excesivo –el nuestro-  que no se traduce en mejor gestión;   nómina que consume el 70% de los recursos presupuestales para la  agropecuaria,  por lo que resulta perjudicialmente reducida la inversión en el agro. Que no se traduce en una mayor presencia de agrónomos brindando asistencia a los pequeños productores.