El gasoil que se subsidiaba a las empresas de transporte disfrazadas de sindicatos era desviado hacia fines muy distintos de los propósitos que justificaron en principio ese subsidio. Y el Gobierno se limitó a eliminar ese beneficio dejando intacta la sarta de operaciones fraudulentas que se cometieron con el subsidio. Si rebuscamos en nuestro Código Penal y otras disposiciones legales, de seguro encontraremos previsión de sanciones para quienes desvíen en provecho propio asignaciones oficiales destinadas al bien común.
El subsidio fue aplicado en momentos en que el precio del galón de gasoil trepó a los 180 pesos. Tenía el sano objetivo de evitar que las empresas de transporte traspasaran a los pasajes las alzas del combustible. Pero los transportistas violaron los acuerdos en todos los sentidos, aumentando indirectamente los pasajes mediante el acortamiento de las rutas y vendiendo el gasoil subsidiado que les otorgaba el Gobierno.
Todo esto pone a la luz el relajamiento que ha sufrido la autoridad en el país, pues se pasó por alto un típico caso de corrupción en perjuicio del Estado y de los usuarios del transporte. Y todavía se pasa por alto, pues los pasajes han sido aumentados a pesar de que el gasoil cuesta menos que cuando se aprobó el subsidio. La lucha contra la corrupción tiene que comenzar ante cualquier manifestación condenable.
Accidentes: una epidemia letal
Con la imprudencia y la endeble autoridad como principales vectores, los accidentes de tránsito se propagan en este país como una epidemia altamente letal. Basta con observar las estadísticas del servicio de emergencias 9-1-1, que solo en el Gran Santo Domingo registran en promedio un accidente cada cinco minutos. Y estos numeritos son pálidos ante nuestra posición en el ranking mundial como segundo país en el mundo con más muertes por percances viales.
Las motocicletas, cuyo número crece sin registros fieles y muy escasos controles de circulación, son las principales causantes de muertes y mutilaciones. Y en la medida que crece el efecto letal de la epidemia, se degrada la acción disuasiva de las autoridades. El tránsito en calles y carreteras ha quedado a merced de la temeridad.